La crisis sanitaria originada por el COVID 19, nos recordó la imperiosa necesidad de incorporar a las tecnologías de la información en los procesos e fiscalización superior. Este rezago jurídico ocasionó la paralización temporal no sólo de las actividades económicas, como un “coma inducido” para superar la crisis sanitaria, al restringir temporalmente la interacción fiscalizadora entre auditores y auditados.
En el curso de las últimas semanas tuvieron lugar diversos encuentros entre personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y legisladores de las comisiones de Vigilancia de la ASF y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, en el marco del parlamento abierto,con el propósito de impulsar una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,con la cual se sentarían las bases para la práctica de auditorías a través de medios electrónicos como el Buzón Digital-ASF.
Esta semana la iniciativa de la Comisión de Vigilancia tuvo en la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, la clara decisión de otorgar, avalada por todas las fuerzas políticas presentes en la misma, una nueva responsabilidad a la ASF para la incorporación de los medios electrónicos en los procesos de fiscalización, iniciativa que fue aprobada por unanimidad en la Comisión.
El día de ayer presenciamos otro hito histórico para la fiscalización superior, ya que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó como ya se mencionó fue por unanimidad, la resolución de esta Comisión con contundentes mensajes de los diputados Oscar González y Mario Alberto Rodríguez, coordinadores de ambas comisiones, refrendados por los grupos parlamentarios: el resultado aprobada la iniciativa por unanimidad, resultado alentador para la fiscalización superior, con lo que las auditorías digitales serán una realidad generalizada.
Entre otras cosas, ella permitirá optimizar los trabajos de fiscalización de la ASF, que cada vez más debe acudir a atender requerimientos judiciales en el marco de los juicios que se desahogan ante el Poder Judicial de la Federación en defensa del patrimonio público, en coordinación con la Fiscalía General de la República.
Con esta iniciativa la ASF busca optimizar el uso de los recursos vinculados con la ejecución de distintos procesos que se desprenden de la práctica de auditorías, principalmente lo referente a los tiempos requeridos para el análisis y manejo de la información. Se podrá incrementar al cien por ciento, la muestra auditada y hacer más oportuna la respuesta a las solicitudes de auditorías por parte de los diputados y ciudadanos en general.
Como lo reconocen los especialistas en análisis de datos, la información es el recurso que hace evolucionar a las grandes organizaciones. Por ello, la ASF requiere de mejores instrumentos para que la información que se deriva de las auditorías retroalimente los procesos de planeación y programación, de tal forma que se tengan indicios sobre el estado de la gestión de los entes auditados de manera previa al inicio de las revisiones.
En particular, quiero resaltar que el debate parlamentario sobre la iniciativa de reforma ha estado marcado por un amplio intercambio de puntos de vista y posicionamientos a favor de que la regulación de la ASF no obstaculice ni limite su capacidad de fiscalización, sobre todo en un entorno gubernamental que exige de la innovación permanente para realmente incidir positivamente en la calidad del gasto de los tres órdenes de gobierno, de los tres poderes, organismos autónomos, etcétera, así como para avanzar en la fiscalización en tiempo real o concurrente.
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