Las observaciones al gasto federalizado por más de 100 millones de pesos a la cuenta pública de 2020 de Veracruz están relacionadas con contratos que firmó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
En su comparecencia ante el Congreso local, la contralora general, Mercedes Santoyo Domínguez, reconoció que hay observaciones que no han podido ser subsanadas ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
No obstante, tras ser cuestionada por el diputado del PAN, Bingen Rementería, la funcionaria aseguró que esto se debe a que la CFE no ha entregado la información.
“Tenemos enero para aclarar, por ahí hay un tema que no solo tiene Veracruz en la ASF que tienen que ver con contratos de Sedesol con CFE. La Comisión no está dando la información a la ASF y estamos en esa situación, esperamos que enero se aclare y si no, que lleve el seguimiento que corresponda”.
Dijo que, de acuerdo con los plazos de las auditorías, tienen hasta enero para poder entregar la información a fin de solventar las observaciones al uso de los recursos federales pero que, de no hacerlo, la ASF tendrá que determinar si el Gobierno de Veracruz o la Comisión Federal de Electricidad es responsable de esto.
“Fuimos notificados en octubre y se tienen 30 días hábiles, por lo que la información se debe entregar en enero. Vamos a cumplir con tiempo y forma, pedimos la información porque las obras fueron ejecutadas por la CFE, solicitamos la información y no se nos ha brindado. Si no se llega a entregar, que sea la ASF la que determine si es el estado de Veracruz o la CFE quien tendrá la responsabilidad ante este monto observado”.
Durante la comparecencia, el diputado local Bingen Rementería criticó que, si esta información no ha sido entregada en los meses anteriores, cómo lo harán en estos últimos días del año.
En otro tema informó que se ha detectado a 259 servidores y exservidores púbicos omisos en cuanto a la entrega de su declaración de situación patrimonial.
En su participación, el diputado por Morena, José Magdaleno Rosales Torres, la cuestionó por la falta de sanciones a estos funcionarios, a lo que respondió que por ley tienen que notificarlos y darles 30 días para la presentación de la información.
“La ley dice que una vez que nosotros detectamos, tenemos que informarle que tiene 30 días para presentar su declaración, si no lo hace, entonces podemos iniciar una investigación y si se determina responsable entonces se genera una sanción”, señaló Santoyo Domínguez.
Además, advirtió que a fin de que en “2023 no se repita la misma historia” por lo cual han pedido información a las unidades administrativas para que den altas y bajas en tiempo y forma, la base de datos de los servidores públicos para ver cuántos presentan y cuántos hay para encontrar a los omisos.
Y sobre los perfiles de los contralores municipales, que a decir del diputado de Morena en muchos casos no cumplen con los requisitos, la contralora indicó que eso es atribución de los cabildos y no de la Contraloría a su cargo.
“Estamos tratando de concientizar, cuando fuimos a capacitación yo mencioné el perfil, pero ellos son los que aprueban en Cabildo y son quienes lo nombran”, dijo.
Sobre las sanciones a servidores públicos que no hayan presentado su declaración de situación patrimonial, la funcionaria indicó que solo ha habido un solo sancionado.
“Hay un solo sancionado, comentaba que la ley así lo establece, se le debe solicitar presenta su declaración patrimonial y tiene 30 días; muchos han sido maestros que están en algún aislado y no han tenido acceso o capacitación, u otras situaciones".