Veracruz se ha convertido en una de las entidades con mayor riesgo de reclutamiento de niños y adolescentes por parte del crimen organizado, advirtió Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
El reclutamiento de menores es un síntoma de problemas estructurales profundos. La falta de oportunidades y la exclusión social en algunas regiones de Veracruz facilitan que los grupos criminales aprovechen el abandono escolar y la precariedad para reclutar a jóvenes.
El llamado de Villavicencio Ayala fue claro: se requiere una respuesta coordinada y urgente que combine reformas legislativas con acciones en el terreno, para asegurar que los derechos de los niños sean protegidos y se les ofrezcan alternativas de desarrollo que les permitan romper el ciclo de vulnerabilidad y violencia.
Con la tercera tasa más alta de población infantil en México, el estado de Veracruz enfrenta enormes desafíos para combatir la pobreza, reducir la desigualdad y garantizar los derechos de los más vulnerables.
Villavicencio Ayala explicó que una mayor cantidad de menores en una región se traduce en mayores niveles de desigualdad y violencia, factores que facilitan la tarea de los grupos criminales para atraer a niños y adolescentes a sus filas.
Esta alarmante realidad no solo afecta a la seguridad del estado de Veracruz, sino que también compromete el futuro de miles de jóvenes, quienes pueden verse expuestos a riesgos que alteran sus vidas de manera irreversible.
La secretaria ejecutiva del SIPINNA destacó la necesidad de implementar medidas preventivas para evitar que los niños abandonen el sistema educativo.
Entre las propuestas, destaca la importancia de brindar apoyo en escuelas de tiempo completo, donde se facilite la continuidad escolar y se prevenga la deserción.
El acceso a una educación de calidad y el acompañamiento constante son fundamentales para reducir la vulnerabilidad de los menores, señaló Villavicencio Ayala.
Además, la SIPINNA planea establecer una mesa de trabajo con el Congreso de la Unión para analizar estrategias integrales que permitan enfrentar este problema.
Según la funcionaria, la solución no reside únicamente en la elaboración de leyes, sino también en mejorar las condiciones de vida de los niños y adolescentes, quienes, al encontrarse en situaciones precarias, son blanco fácil para la delincuencia organizada.