El Ayuntamiento de Tempoal y el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Comisión del Agua del Estado (CAEV), se están peleando por el manejo de los recursos del agua potable en el municipio.
El conflicto ya llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de la controversia constitucional 189/2022, pues el gobierno estatal se opone a conceder el servicio al Ayuntamiento.
En el recurso, el ayuntamiento emanado del Partido Encuentro Solidario (PES) reclama “la inconstitucional omisión del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave".
"Esto por conducto de la Comisión del Agua del Estado, de resolver conforme a derecho la transferencia al Municipio de Tempoal los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales”.
El ayuntamiento señala que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se niega a realizar la transferencia y entrega, en forma material, de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular y recurso presupuestales relativos al servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
De esta forma el municipio podría ejercer sus funciones, facultades y cumplir con sus deberes y obligaciones que le impone la ley.
El ayuntamiento, presidido por Néstor Rodolfo Rivera Pérez, considera que debe tener la posibilidad de otorgar dichos servicios a los habitantes de Tempoal.
La controversia indica que la solicitud para permitir que el municipio ejerza la facultad de municipalizar y brindar este servicio ya se realizó ante el gobierno estatal; sin embargo se han topado con negativas.
Esto transgrede la competencia constitucional que le confiere al municipio el Artículo 115 fracción III inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con toda claridad establece que es el Municipio quien tiene a su cargo la competencia para prestar el mencionado servicio público Municipal.
El municipio quiere ejercer la facultad de cobrar y administrar el servicio y que por otro lado el Gobierno del Estado no quiere ceder.
La administración morenista argumenta que dejarle este poder al municipio afectaría gravemente “los derechos humanos” de la población de Tempoal, pues no tiene posibilidades de cumplir.
“Ya que según dicho funcionario es por la incapacidad técnica, financiera, operativa, administrativa y humana, del Municipio de Tempoal ya que tales deficiencias causarían perjuicios irreparables a los derechos humanos de dicha población”.
El ayuntamiento solicitó la invalidez de las manifestaciones que realiza el titular del poder Ejecutivo Estatal, quien señaló en la contestación a los hechos: ‘que el poder Ejecutivo del Estado a través de su representante legal (Director General Jurídico), y apoderado legal, solicitó oportunamente al Congreso del Estado la conservación de los servicios solicitados”.
Sobre el particular, la Suprema Corte aún no se ha manifestado al respecto.