Tras analizar el caso de la detención y liberación de la jueza Angélica Sánchez, Margaret Satterthwaite relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados por el Consejo de Derechos Humano, advirtió su preocupación por la violación a la autonomía del Poder Judicial de Veracruz.
“Mi preocupación ante los hechos descritos se basa en que, de ser ciertos, revelarían la violación de las normas internacionales relativas a la independencia del poder judicial contenidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y precisadas en la Observación General 32 del Comité de Derechos Humanos”, agregó.
La relatora especial de la ONU, señaló que un principio fundamental de la independencia judicial, es que los jueces no deben estar sujetos a acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones.
Resaltó que los jueces de control son parte integral de la administración de la justicia “y me preocupa el efecto amedrentador que este precedente puede significar para otros jueces en el país”.
“Sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos quisiera expresar mi preocupación sobre la información recibida que describiría un patrón de represalias en contra de la Jueza Sánchez por el contenido de una decisión”, añadió.
Precisó que de manera particular su preocupación es la Jueza Angélica Sánchez haya sido detenida sin orden de detención y que dicha detención podría constituir una desaparición forzada de corta duración.
“Asimismo, veo con suma preocupación las faltas al debido proceso descritas en el caso que sigue la Fiscalía de Veracruz contra Jueza, y las declaraciones públicas que se han hecho al respecto”, refirió.
Dentro del informe que rinde Margaret Satterthwaite relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados por el Consejo de Derechos Humano menciona el hostigamiento, gritos y amenazas que hizo la magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, en contra de la jueza Angélica Sánchez, por haber tomado la decisión de poner en libertad a un procesado.