Hay personas que están en la cárcel acusados de homicidio, basado en solo dos renglones, donde supuestos testigos refieren haber oído que mandaron a matar a alguien, acusó el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa.
Al participar por segundo día consecutivo en el programa Asalto a la Razón, conducido por Carlos Marín en Milenio Televisión, señaló que hoy en día más de mil 400 personas se encuentran detenidas en prisión justificada por el delito de ultrajes a la autoridad, y justo cuando están por salir les fabrican nuevos delitos.
Señaló que son alrededor de 600 personas las que están enfrentando nuevos delitos, los cuales les son imputados ante los jueces de control, los cuales en automático resuelven las vinculaciones correspondientes.
Consideró que hoy en día es muy difícil para los abogados trabajar a favor de la correcta defensa de los presuntos responsables de un delito, pues en automático se convierten en opositores para el Gobierno de Veracruz.
Prueba de ello es que hay colegas abogados que están en prisión, acusados de haber hecho disparos contra la policía o que en los puestos de revisión y control, les es sembrada droga.
Ante tal situación, Tomás Mundo Arriasa consideró que la única defensa que les resta es acudir ante los juzgados y tribunales federales, así como con los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes el gobernador Cuitláhuac García Jiménez los ve como enemigos.
Recordó el caso en contra de José Manuel del Río Virgen, a quien acusaron de ser el autor intelectual del homicidio de un candidato a una presidencia municipal, por el simple hecho de que en una servilleta de papel aparecía la palabra muerto.
Dijo que toda la acusación por parte fiscales contra del Río Virgen se basó en esa servilleta y de que un testigo relató que alguien le había contado que se había escrito eso en una servilleta; fuera de eso, no había nada más, y sin embargo el juez de control en Pacho Viejo decidió vincularlo a proceso.
Hasta que llegó ese caso a la justicia federal, fue un juez quien resolvió que debería quedar en libertad, porque no había ninguna prueba real en su contra.