Comisión de Personas con Discapacidad interpone queja contra directora del DIF de Veracruz

Miembros de la Comisión Estatal de las Personas con Discapacidad de Veracruz interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de la directora del DIF Estatal, Rebeca Quintanar Barceló.

Lo anterior, luego de que la funcionaria no ha citado a reunión del Consejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52, fracción III, de la Ley de Integración de las Personas con Discapacidad de Veracruz.

Y es que recordó que dicha ley establece que en su facultad como secretaria Técnica, Quintanar Barceló debe convocar a sesión a los integrantes del Consejo.

José Antonio Acosta Hernández, director ejecutivo de la Asociación Veracruzana de Discapacitados Productivos A. C., aseguró haber agotado el diálogo por todos los medios posibles, por lo que procedió a interponer la queja.

A su vez, resaltó que la importancia del Consejo para las personas con discapacidad radica en que es un órgano de consulta, asesoría, planeación, fomento y supervisión de las acciones, estrategias y programas que lleven a cabo las entidades y dependencias del Estado y los municipios del Estado de Veracruz.

“En cumplimiento a los derechos de las personas con discapacidad establecidos en la Ley de Integración de las Personas con Discapacidad de Veracruz”.

Piden plazas

Por otra parte, afirmó que solicitó por escrito al secretario de Educación de Veracruz y miembro de ese Consejo, que se otorguen 87 plazas para personas con discapacidad, en cumplimiento a lo establecido en la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz.

El Artículo 21 establece que, a efecto de garantizar el acceso al empleo de las personas con discapacidad al servicio público estatal, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos y los ayuntamientos, destinarán por lo menos el tres por ciento de las vacantes disponibles, para emplear o contratar a personas con discapacidad.

Esto será posible siempre que las personas cumplan con los requisitos de ingreso y cuenten con las aptitudes para el desempeño de sus funciones correspondientes, señaladas en el reglamento de la ley.