Fernando , primer indígena en salir de prisión con ‘Veracruzano Inocente’

En 2012, Fernando y su pareja de 16 años, María Inés, pretendían casarse bajo costumbres de la comunidad de Tlahuanapa, en el municipio de Papantla.

La familia de la joven no estuvo de acuerdo y ellos huyeron juntos, lo que fue denunciado ante las autoridades e incluso se dijo que la joven había sido obligada a declarar en contra de su pareja.

A Fernando se le señaló por el delito de pederastia bajo el expediente PAP/ESP7/596/2012, pero fue hasta cinco años después que se consignó bajo la causa penal 320/17 siendo detenido y encarcelado.

Sin embargo, en un hecho histórico, este jueves Fernando Moreno Santes se convirtió en el primer indígena en salir de prisión mediante el proyecto “Veracruzano Inocente”, tras permanecer tres años tras las rejas por el delito de pederastia.

El abogado, Tomás Mundo, dio a conocer que no se acreditó la existencia del delito, por lo que fue puesto en libertad este jueves según marcó un oficio girado al director del Centro penitenciario de Poza Rica por parte del juez primero de primera instancia, Eleuterio Malpica Núñez.

Según el defensor, cuando Fernando fue detenido en 2017 él y su pareja tenían dos hijos, una menor de 4 años y un menor de un mes de nacido, y las familias incluso “se habían reconciliado”.

Además, tenían un hogar y juntos trabajaban en la milpa con la idea de superarse iniciaron juntos su propio negocio e instalaron su propia taquería en el centro de la comunidad.

Pese a ello, el 28 de febrero del año 2017, elementos de la Policía Ministerial ejecutaron una orden de aprehensión en su contra y fue ingresado al reclusorio de Poza Rica y puesto a disposición del Juzgado Primero de Primera Instancia.

En el expediente que se revisó se asegura que en la investigación no se asentó que el inculpado es indígena, hablante del totonaco y con poco uso del castellano; tampoco se dio a conocer que “en su comunidad los usos y costumbres era normal que una menor de 16 años ya formara una familia e incluso tuviera hijos”.

Es por ello por lo que la familia de Fernando buscó ayuda debido a que la presunta agraviada nunca señaló ser víctima de abuso.

Mundo dijo que esto se comprobó mediante un peritaje antropológico estableciendo que en la comunidad se regían por uso y costumbres que le permitieron a María Inés tener una relación con Fernando.

“Lo defendía y lo había estado apoyando, que ella no lo señalaba de ningún delito; al contrario, solicitaba su libertad, por el bien de ella y de sus menores hijos”.

El abogado justificó que cuando la pareja decidió casarse civilmente dentro del reclusorio, los menores hijos estaban registrados por ambos.

“Lo que nos confirmó el dicho de la familia del procesado, que dicho procesado era inocente y no debería estar privado de su libertad, que le hacía falta a su familia”.

Señaló que ambas familias estaban de acuerdo con la relación de la agraviada y el acusado, además de que incluso los padres se arrepintieron por la denuncia interpuesta, ya que dijeron el objetivo era sólo encontrar a su hija, pero que las autoridades iniciaron una carpeta de investigación.

“Nos enteramos de que la agraviada había tenido que dejar el hogar que había formado con el acusado e irse a vivir con sus papás para que la apoyaran económicamente a ella y a sus menores hijos, pues quien lo hacía se encontraba recluido”.

El abogado agrega que María Inés no dejó de visitar al procesado en el Centro de Readaptación Social y procura llevar a sus hijos para que sigan conviviendo con su padre.

“Muchas veces para poder trasladarse a la visita es apoyada económicamente por la familia de él, incluso ella también va sola para estar en las visitas conyugales (...) Los hechos que hicieron voluntariamente agraviada y acusado fueron por amor, que desconocían e ignoraban que sus acciones tipificaban un delito, pero sobre todo que se estaba violando el derecho fundamental de los niños, que es tener una familia, la cual se fracturó al momento de la detención de Fernando Moreno Santes”, argumentó el abogado.

En entrevista, Tomás Mundo resaltó que el gobernador, Cuitláhuac García, dio su respaldo para revisar los casos de ciudadanos de pueblos originarios que están encarcelados injustamente o que ameritan cambiar sus medidas cautelares.

Recordó que además se cuenta con el apoyo de la diputada de MORENA, Adriana Esther Martínez Sánchez, para revisar casos como el de Fernando Moreno Santes en otras regiones de la entidad y darles asesoría para que alcancen su libertad dentro del proyecto Veracruzano Inocente.