Mediante un comunicado, el consejo social del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM) señaló que Diana “N” está vinculada a proceso y se le investiga por el presunto homicidio calificado de su bebé en los baños de un centro comercial en el municipio de Oluta, no por haber sufrido un aborto.
De esta manera, el consejo refutó los posicionamientos de activistas, organizaciones feministas, así como de las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos respecto al caso.
“Este recién nacido falleció por asfixia. No es posible tolerar el abandono y el homicidio de seres humanos. Nos estamos convirtiendo en una sociedad deshumanizada. La reciente aprehensión de Diana N, quien se encuentra presa en Acayucan no fue por el tipo penal del aborto. Las investigaciones se están llevando a cabo en Fiscalía por el delito de homicidio calificado, razón por la cual la presunta responsable no puede estar en libertad.
“La Fiscalía no ha dado mayor información debido a que el proceso legal no lo permite. Sabemos que el Instituto Veracruzano de la Mujer ya tuvo contacto con Diana N. y se está proporcionando atención al caso”, argumentaron.
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Cabe señalar que la semana pasada la CNDH, así como la CEDH, hicieron un exhorto al gobierno estatal para derogar las leyes que penalizan el aborto en Veracruz y pidieron a la Fiscalía General la liberación de Diana “N” afirmando que está siendo revictimizada.
Posteriormente, mediante un pronunciamiento, la sociedad civil organizada dentro del Sistema Estatal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres también señalaron que la Fiscalía revictimiza a la mujer detenida, agregando que el organismo actuó “de forma misógina” en este caso al emitir un comunicado señalándola como la posible homicida de su hijo recién nacido.
Sin embargo, ahora el Consejo Social del IVM pidió “hacer conciencia” sobre el impacto negativo que la violencia provoca en la salud mental de las mujeres y de sus hijos, añadiendo que la sociedad entera debe comprometerse a denunciar los casos de violencia que hayan atestiguado, para que las autoridades y las asociaciones civiles puedan brindar apoyo a las personas más vulnerables.
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“Es importante señalar que se requiere de un verdadero compromiso para defender la agenda de las mujeres veracruzanas. Se debe defender la causa de las mujeres con apego a la verdad.
“Como Consejo Social, queremos informar a la Fiscalía y al Instituto Veracruzano de las Mujeres, que estaremos atentas para ayudar en lo necesario, para que se atienda el caso de Oluta con el mayor humanismo y profesionalidad posible”.
Entre las firmantes se encuentran la presidenta del Consejo Social del IVM, Mayra Rojas; así como las consejeras Aurora Malagón Serena; Alejandra Yáñez Rubio; Katzenny de la Vega; Leticia Rojas Toral; Mercedes Mendoza Ramírez; Ruth Domínguez Romero y la diputada local y consejera Nora Lagunes Jáuregui.