La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, afirmó que la reinstalación de la exjueza Angélica Sánchez Hernández está descartada.
La decisión se basa en el proceso administrativo al que Sánchez está siendo sometida, además de la expiración de su contrato el pasado 30 de junio.
Jiménez Aguirre detalló que, a pesar de que Angélica Sánchez logró obtener un amparo, dicha protección solo protege su situación en relación con una posible violación a sus derechos federales en el momento de su detención. Sin embargo, la orden de aprehensión en su contra todavía está en vigor y forma parte central del amparo en proceso.
"La audiencia constitucional está programada para los próximos días y será el juez de distrito quien tome las decisiones pertinentes", comentó la magistrada.
La presidenta del PJE enfatizó que la concesión del amparo no implica que Angélica Sánchez sea absuelta de los cargos de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, ni tampoco invalida la carpeta de investigación en su contra.
En relación con su situación laboral, Jiménez Aguirre explicó que existe un proceso administrativo sancionador en curso, instruido por el Consejo de la Judicatura.
"Ella también presentó un amparo contra este procedimiento y la autoridad federal nos instruyó a pagarle el mínimo vital mientras su contrato esté pendiente. No obstante, su contrato llegó a su término el 30 de junio, y en cumplimiento con ello, realizamos el pago", afirmó.
Según lo detallado por Jiménez Aguirre, a partir de esa fecha, el contrato de la magistrada ha expirado y el proceso administrativo sancionador está en marcha, siguiendo todas las garantías procesales correspondientes, incluido su derecho a presentar pruebas en su defensa.
"En algún momento, el asunto será remitido para su resolución al Consejo de la Judicatura, pero es importante destacar que la obtención de este amparo no implica su reinstalación. Existe una distinción clara entre el ámbito penal y la cuestión administrativa", subrayó Jiménez Aguirre.