Veolia acusa incumplimiento del gobierno de Patricia Lobeira

El gobierno municipal de Veracruz, presidido por Patricia Lobeira Rodríguez, enfrenta acusaciones de incumplimiento por parte de la empresa Veolia Residuos Bajío S.A. de C.V. en relación con un arreglo conciliatorio y un convenio judicial.

Esta sociedad, mutada por causar daños ambientales con su gestión del basurero a cielo abierto que operó hasta agosto de 2019, sostiene que el ayuntamiento no ha cumplido con los términos acordados para poner fin a un litigio contencioso administrativo.

El acuerdo en cuestión fue suscrito el 28 de diciembre de 2018, durante la administración del panista Fernando Yunes Márquez.

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Este acuerdo, que se elevó a la categoría de cosa juzgada para dar cierre al juicio administrativo, estipulaba compromisos específicos entre el ayuntamiento y Veolia.

Sin embargo la empresa, tras varios intentos infructuosos de exigir el cumplimiento de dicho acuerdo, ha decidido presentar su caso ante un juzgado federal este 2024.

COBROS DESDE HACE UNA DÉCADA

El conflicto entre Veolia y el gobierno municipal se remontan a 2014, cuando la empresa inició un juicio contencioso administrativo, acusando a la administración de Ramón Poo Gil de no pagar las tarifas correspondientes al uso y operación del relleno sanitario de Veracruz durante todo el año.

Este conflicto llevó a Veolia a presentar su caso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz, hoy extinto.

En respuesta a esta situación y con la aprobación del Cabildo, el ayuntamiento de Fernando Yunes Márquez firmó el convenio con Veolia el 28 de diciembre de 2018.

Este acuerdo comprometía al ayuntamiento a realizar los pagos pendientes a la empresa en un plazo de 365 días naturales.

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A pesar de que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (Tejav) declaró que la inconformidad de la empresa se consideraba "cosa juzgada" y dio por concluido el asunto, Veolia alegó que la administración de Yunes Márquez incumplió el acuerdo.

La disputa entre las partes continuó escalando, llegando al Tejav, actualmente Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), que determinó que a Veolia no le asistía el derecho de queja por la declaración de "cosa juzgada".

El conflicto, finalmente, se trasladó a la justicia federal, donde el Primer Colegiado de lo Administrativo, encabezado por Luis García Sedas, validó un fallo del Juzgado Segundo de Circuito de no amparar a Veolia y negarle la oportunidad de reclamar el impago por parte del gobierno de Yunes Márquez.