El director general de la Aduana del Puerto de Veracruz, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, fue removido de su cargo tras haber ocupado el puesto durante menos de un año, periodo en el que implementó despidos y ocasionó un desorden administrativo que llevó a transportistas a manifestarse.
Guerrero Alcántar, quien asumió la dirección de la Aduana a finales de 2022, fue objeto de investigaciones por supuestos actos de corrupción, según fuentes de la aduana.
Con la remoción de Guerrero Alcántar también sería cambiada de su puesto la subdirectora de Trámites y Asuntos Legales, Abigail Pérez Hernández, quien también ocasionó señalamientos de maltrato hacia los empleados de la aduana.
La llegada de Guerrero Alcántar el año pasado causó preocupación entre los empleados aduaneros debido a la propuesta de reemplazar al personal civil con elementos de las fuerzas armadas, específicamente de la Secretaría de Marina (SEMAR).
El gobierno federal argumentó que esta medida buscaba fortalecer las capacidades de atención al comercio exterior de las aduanas, aunque generó incertidumbre y protestas por parte de diversos sectores.
Tras los cambios y despidos la operatividad de la aduana cayó en el desorden e incluso transportistas llevaron a cabo bloqueos en mayo de este año en las entradas y salidas de la Aduana y la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruzano (ASIPONA).
Durante las manifestaciones, los transportistas denunciaron deficiencias en el equipo de revisión aduanera, lo que resultaba en retrasos en el despacho de mercancías y largas filas de espera.
Además, los transportistas señalaron la falta de funcionamiento de los puestos de revisión y la insuficiencia de personal, lo que empeoraba el proceso de revisión ya de por sí prolongado.
Durante las protestas, los conductores afirmaron que no se les permitía bajar de sus vehículos ni siquiera para alimentarse o ir al baño, lo que exacerbaba la situación.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez minimizó las protestas de los transportistas, tachándolos de violadores de la ley y argumentando pérdidas millonarias para la federación. A pesar de las acusaciones, se estableció una mesa de diálogo para abordar las preocupaciones planteadas por los transportistas.