La comunidad Rojo Gómez, en Tlapacoyan, fue escenario de una grave denuncia contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Según testimonios, alrededor de las 06:30 horas agentes estatales llevaron a cabo un allanamiento y la detención ilegal de dos personas en la calle Ribera del Río, lo que ha causado alarma y consternación en la localidad.
Sandra, testigo de los hechos, relató que los agentes ingresaron al negocio familiar donde venden comida y cerveza, sin una orden de cateo y sin motivo aparente.
“Estábamos mi cuñada, mi esposo y el marido de mi cuñada los policías llegaron preguntando por algo que nunca reportamos; mi cuñada y su esposo estaban colaborando y explicando que no había ocurrido nada, pero los agentes se tornaron agresivos”, explicó.
Durante el operativo el esposo de la testigo, identificado como Reinaldo, fue golpeado severamente a pesar de su condición de salud, que incluye problemas graves en las piernas.
La mujer indicó que incluso su cuñada, al intentar defender a su marido, también fue golpeada. “Los policías se comportaron de manera brutal, rompieron cosas en nuestra casa y se llevaron mi cámara y mi celular, borrando todo el material que documentaba el abuso”, añadió.
La situación se volvió aún más caótica cuando los oficiales impidieron que los familiares pudieran ver a los detenidos y realizaron destrozos en la propiedad.
Los vecinos, alarmados por la violencia desmedida y la falta de respeto a los derechos humanos, exigen respuestas.
Los detenidos, incluidos el esposo de Sandra y otro individuo conocido como Javier M aún no han sido localizados en los registros oficiales del C4, lo que añade incertidumbre sobre su estado.
El incidente refleja un patrón preocupante de abuso de poder por parte de las autoridades en la región, sumándose a una serie de denuncias similares en Tlapacoyan y municipios cercanos donde el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía se ha convertido en una constante.
La comunidad y los familiares afectados han solicitado la intervención de las autoridades para asegurar que se haga justicia y que los responsables de estos actos sean llevados ante la ley.