Tres ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, Loreta Ortiz Ahlf y Yazmín Esquivel, expresaron su desacuerdo con la decisión del pleno de sumarse al paro de labores promovido por varios sectores del poder judicial mexicano.
En un pronunciamiento conjunto, señalaron que esta suspensión de actividades podría constituir una falta grave a sus deberes constitucionales, lo cual ameritaría sanciones.
En una sesión privada, el pleno de la SCJN acordó, por una mayoría de ocho votos contra tres, suspender sus funciones hasta el próximo 9 de septiembre.
La medida se adoptó en apoyo al paro lanzado como protesta contra la posible aprobación de la Reforma Judicial.
Sin embargo, las tres ministras se opusieron y afirmaron que su responsabilidad constitucional es impartir justicia y que esta suspensión vulnera ese deber.
Aseguraron que la figura del paro no está contemplada en la ley para los ministros de la Corte, y que su responsabilidad es mantener la continuidad del servicio público de justicia.
Además, hicieron referencia al Código Penal Federal, que considera delito la omisión de proporcionar el servicio público o recibir remuneraciones indebidas sin cumplir con las obligaciones correspondientes.
De esta manera, señalaron que quienes votaron a favor del paro deberían haber renunciado a sus salarios durante el tiempo que dure la suspensión de labores.