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La advertencia de la CIDH tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial
La reforma podría afectar la independencia y acceso a la justicia en nuestro país
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre los posibles efectos negativos que la reforma constitucional al Poder Judicial podría tener en México, señalando su impacto en la independencia judicial, el acceso a la justicia y la vigencia del Estado de Derecho.
Esta reforma, que fue presentada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión el 5 de febrero de 2024, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre y por el Senado el 11 de septiembre.
Uno de los principales puntos de preocupación de la CIDH es la inclusión de la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
Según información recabada de organizaciones civiles y expertos, esta medida podría comprometer la meritocracia en la carrera judicial, así como las garantías de idoneidad para ocupar dichos cargos.
La CIDH también resaltó que la reforma no aborda un diagnóstico claro sobre las problemáticas reales en el acceso a la justicia y que no contempla el impacto que el crimen organizado, presente en varias regiones del país, podría tener en los procesos de elección.
"Las críticas también señalan que no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país", señaló la CIDH en su comunicado.
CIDH: Reforma judicial exprés
Otro tema relevante es la preocupación sobre la aceleración del proceso legislativo. La reforma contempla el cese programado de autoridades judiciales entre 2025 y 2027, lo que ha generado inquietudes sobre el impacto de esta medida en la estabilidad institucional.
La CIDH observó que la rapidez con la que se ha tramitado la reforma ha dificultado un debate público amplio y bien informado, y dejó fuera críticas importantes de la sociedad civil. Además, la CIDH cuestionó la inclusión de los llamados "jueces sin rostro" en la reforma.
Esta figura, que preserva la identidad de jueces en casos relacionados con el crimen organizado, ha sido declarada contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos por los órganos del sistema interamericano.
La preocupación se centra en que esta medida podría violar los derechos al debido proceso y a la transparencia en la impartición de justicia.
La CIDH también subrayó la falta de un enfoque integral en la reforma, ya que no incluye a otras instituciones clave del sistema de justicia como la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías estatales y las defensorías públicas.
La Comisión sostuvo que cualquier reforma judicial de gran envergadura debe abarcar todas las instituciones involucradas en la impartición de justicia para asegurar su efectividad.
En un informe previo, la CIDH destacó que los procesos de selección y nombramiento de jueces deben garantizar los principios de igualdad y no discriminación, basarse en el mérito y las capacidades profesionales, realizarse de manera pública y transparente, y asegurar la igualdad de género en el acceso a la carrera judicial.
La Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas también expresó su preocupación por la posible incompatibilidad de la reforma con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Advirtió que las consideraciones políticas podrían prevalecer sobre los méritos objetivos en la selección de jueces y que esto afectaría la autonomía y estabilidad del Poder Judicial.
Finalmente, la CIDH instó a las autoridades mexicanas a asegurar que cualquier reforma judicial se ajuste a los estándares internacionales y se realice de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión exhortó a que se garantice un diálogo real y participativo con todos los sectores interesados, con el fin de que las modificaciones fortalezcan la justicia y respeten los derechos humanos en el país.
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