Un hallazgo de 435 posibles estructuras coralinas y el avistamiento de 116 especies no reportadas en las profundidades de la costa centro y norte de Veracruz han encendido una controversia ambiental en la región.
Greenpeace México ha alzado su voz, exigiendo a la ASEA y Semarnat que apliquen el principio precautorio y denieguen las autorizaciones de impacto ambiental para el proyecto del gasoducto "Puerta al Sureste", liderado por la compañía canadiense TC Energy.
Durante una rueda de prensa, los investigadores del Colectivo Interdisciplinario de Ciencia Aplicada y Derecho Ambiental (CICADA), Javier Bello Pineda, Adán Jordán y Jacobo Santander, revelaron el descubrimiento de arrecifes coralinos mesofóticos en la zona cercana al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.
Estos ecosistemas, recién identificados, deberían ser protegidos, incluidos en las áreas naturales preservadas y contemplados en el programa de manejo.
El estudio que arrojó estos resultados fue llevado a cabo el pasado mes de mayo con el respaldo de Greenpeace México.
Para esta investigación, se empleó tecnología avanzada y nunca antes utilizada en la región, como un sonar de barrido lateral, un vehículo operado de manera remota (ROV) y un sumergible tripulado (Nemo 2).
Estos equipos permitieron obtener imágenes y videos del lecho marino, exhibiendo una biodiversidad submarina sorprendente.
Pablo Ramírez, coordinador del Programa de Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, cuestionó las acciones de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Señaló que la ASEA realizó inmersiones con buzos a una profundidad de apenas 30 metros en la zona de Tamiahua, y concluyó erróneamente que no existían arrecifes en el área al no poder llegar al fondo marino con una cuerda de 50 metros.
Esto, según Ramírez, contradice las pruebas documentadas mediante la avanzada tecnología empleada en la investigación independiente.
El activista recalcó que el proyecto "Puerta al Sureste", dividido ilegalmente en dos solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), generará anualmente 27 millones de toneladas de dióxido de carbono.
Esta cifra contraviene las metas climáticas de México y contradice los esfuerzos de reducción de gases de efecto invernadero.
Greenpeace México reiteró la importancia de aplicar el principio precautorio en este caso y de considerar las consecuencias ambientales antes de avanzar con el controvertido proyecto de gasoducto.