La Fiscalía General de la República (FGR) informó que existen tres ordenes de aprehensión vigentes en contra del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro N, por su presunta participación en tres delitos diferentes.
Además, afirmó que estas ordenes incluyen a ‘varios hermanos’ del exfuncionario, así como a su esposa, además de otros cómplices ‘que se dieron a la fuga’, por lo que ya se solicitaron las fichas de búsqueda correspondientes a la Interpol.
Órdenes de aprehensión contra Genaro N
En un comunicado, la FGR especifica lo siguiente:
- La primera orden de aprehensión (…) corresponde a la participación de Genaro ‘G’ en el caso ‘Rápido y Furioso’, en el que se introdujeron ilegalmente al país armas que han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia.
- La segunda orden de aprehensión concierne a la participación de Genaro ‘G’ en un daño patrimonial inmenso, que llegó a más de $64,900 millones de pesos, en el caso de la construcción y operación de diversos penales federales, privatizados mediante gestiones de dicho individuo y sus cómplices; y que, gracias a la actuación del Gobierno de la República, se ha logrado revertir la mayor parte de dichos daños.
- La tercera orden de aprehensión se refiere a la participación delictiva de Genaro ‘G’ en los contratos ilegales y abusivos de equipamiento de las cárceles públicas federales del país, cuyo daño se estima en $5,112 millones de pesos, en 10 contratos ilegales. En este expediente, el juez competente libró órdenes de aprehensión también contra la esposa y varios hermanos de Genaro “G”, igual que a más de 50 personas involucradas en peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, especifica la FGR, que varias de las personas involucradas por estos hechos ya están vinculadas a proceso, y se han emitido fichas rojas para quienes ‘en su momento se fugaron del país’.
A la par, sostiene la dependencia, se han asegurado ‘diversos bienes inmuebles’ y bloqueado cuentas bancarias de las y los involucrados.
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Estas acusaciones, según sostiene la FGR, son independientes a las que está enfrentando el exfuncionario federal en los Estados Unidos, y de otros ‘procesos de reivindicación patrimonial’ que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lleva a cabo en aquel país.