Desapariciones, fosas con restos humanos y violencia: la agonía de Jalisco

Desapariciones, fosas con restos humanos y crímenes de alto impacto han marcado en los últimos años la cotidianidad de Jalisco, entidad gobernada por el emecista Enrique Alfaro, a quien las víctimas le han cuestionado la postura que ha adoptado ante esta violencia galopante.

El más reciente episodio que ha indignado a una sociedad marcada por el dolor es la desaparición de cinco jóvenes, de entre 19 y 22 años de edad: Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Martínez y Dante Cedillo.  Todos ellos amigos de la infancia. La última vez que sus familiares supieron de su paradero fue la noche del viernes, desde entonces han lidiado con la incertidumbre y el silencio de las autoridades del estado.

Lejos de ser un evento aislado, esta desaparición múltiple se configura dentro de un fenómeno delictivo. Jalisco es la entidad con más personas desaparecidas y, de igual manera, es uno de los estados con el mayor número de fosas y restos humanos recuperados. Según cifras oficiales, en el estado desaparecen a diario 15 personas en promedio y son asesinadas seis, cuatro sin identificar.

“Es verdad que la crisis no inició en la administración del Gobernador Alfaro, pero se ha agudizado. Más del 60 por ciento de las desapariciones han ocurrido en la actual administración. Además, es un problema que ya venía con el Gobierno anterior y que se supondría que quien llegara a ocupar el espacio de la gubernatura tendría una agenda para atenderlo. Ha sido una preocupación de los jaliscienses la inseguridad y aunque hubo un cambio de partido político, en realidad, nunca se observó que hubiera un plan integral de atención, tanto al fenómeno de la inseguridad y, en específico, de las desapariciones y de la desaparición forzada”, comentó en ese sentido la doctora Dolores del Carmen Chinas Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara.

Víctor Manuel González Romero, investigador de la Universidad de Guadalajara, consideró que es tiempo para que las autoridades estatales y federales, en particular la Fiscalía y la Comisión Nacional de Búsqueda, hagan una Declaración de Emergencia por desaparecidos en Jalisco e inicien las estrategias para disminuir esta problemática. “Son cinco los jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno, y vimos el nivel de crueldad. Son cinco los que aparecen hoy en los medios, pero habría que decir que en Jalisco al día son 15 los que desaparecen”.

A esto se suma una situación: hay una serie de cifras que han llevado a generar dudas entre académicos y activistas. Por ejemplo, el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición de Jalisco (SISOVID) refiere que hasta el 31 de julio pasado hay en el estado 14 mil 74 personas desaparecidas, de las cuales 12 mil 340 son hombres y mil 738, mujeres.

En tanto, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) de la Secretaría de Gobernación reporta 14 mil 873 casos, en los que se agrupan además personas que ya han sido encontradas. Las cifras muestran que del 6 de diciembre de 2018 —cuando Alfaro tomó protesta como Gobernador— hasta el 17 de agosto, se registraron en Jalisco 13 mil 237 casos, de las cuales 9 mil 721 son hombres y 3 mil 514, mujeres. De esta cifra, 6 mil 713 fueron localizadas, y de ellas 5 mil 749, fueron sin vida.

A la fecha, de acuerdo con esta información, hay 6 mil 524 personas desaparecidas y no localizadas, de ellas 6 mil 139 están en el primer supuesto, y solo 385 en el segundo. Por grupos de edad, los datos muestran que los casos se concentran entre los jóvenes de 15 a 29 años, cuyos casos ascienden a 2 mil 585, y al igual que en otros delitos estos afectan principalmente a hombres: con 2 mil 62 casos.

Cifras del investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, con base a la información de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, muestran, efectivamente, que el 38 por ciento de las desapariciones corresponden a jóvenes de 18 a 30 años, mientras que la edad promedio de estos casos es de 33 años en hombres y de 27 en mujeres.

“Por supuesto que entre las personas desaparecidas, hay de todo tipo. Desde menores de edad hasta personas adultas que de alguna manera no saben cómo regresar a su hogar. Hay casos en donde la desaparición es realmente un secuestro, y están pidiendo dinero o algo. Y hay casos en donde pudiera indicar que está involucrado el crimen organizado; sobre todo en el caso de hombres, por eso la edad de los hombres desaparecidos normalmente es mayor de 20 años y menor de 40. En el caso de las mujeres, además de todo lo anterior, también aparenta haber algo relacionado con la trata de personas, ya que una gran cantidad de las mujeres son menores de edad. La mayoría de las mujeres que desaparecen son menores de 30 años. Y aquí lo grave es que hay muy poca investigación de las autoridades federales y estatales al respecto”, explicó el investigador.

Los especialistas consultados indicaron que la disponibilidad y confiabilidad de la información en torno a personas desaparecidas en México se ha vuelto una cuestión de preocupación, pues coincidieron en que los resultados no son confiables.

El investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, coincidió en que la información que se tiene para dimensionar la problemática es incompleta. Detalló que aunque hay tres principales fuentes de datos sobre desapariciones en Jalisco: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Sistema Estatal de Información sobre Víctimas de Desaparición y las denuncias por cédulas en la Fiscalía Estatal, todas estas presentan limitaciones significativas, desde la falta de registro en algunas entidades federativas hasta estadísticas incompletas y sesgadas.

“La información que se tiene es incompleta. Y en algunos casos no muy confiable”, señaló en entrevista.

La doctora Chinas Salazar coincidió con el investigador y explicó que el Comité que encabeza nació precisamente en 2019 en respuesta a la escalada de las desapariciones en Jalisco, así como a la falta de enfoques y medidas efectivas para atender y prevenir esta crisis. Consideró que uno de los aspectos más críticos es la falta de análisis de datos sobre desapariciones e incluso la falta de información, lo que genera una falta de estadísticas precisas y completas sobre la magnitud del problema.

Añadió que la plataforma utilizada por el Gobierno del estado, el SISOVID, no cumple con los requisitos de un registro estatal. “Ellos usan información, no es un registro estatal como la Ley determina, es más bien una plataforma informativa que carece de elementos para hacer un mayor análisis”.

Jalisco suspendió el registro de datos el 25 de marzo del año anterior, lo que significa que han transcurrido más de doce meses sin que se reporten nuevos datos, explicó el investigador de la UdeG. Esta situación es grave, dijo, no solo desde la perspectiva de Jalisco, sino también a nivel nacional, ya que esta entidad cuenta con la mayor cantidad de personas desaparecidas registradas en el Registro Nacional.

“Jalisco dejó de registrar datos el 25 de marzo del año pasado. Lleva más de un año que no registra datos, lo cual, pues es grave desde el punto de vista de Jalisco, pero también es grave que en la misma base nacional ni siquiera lo señalen (que falta esa información), cuando es la entidad que tiene más desaparecidos […] No es confiable la información, es muy poco confiable desde marzo del año pasado. Jalisco dejó de reportar, y no sé si otras entidades han dejado de reportar”, explicó.

Chinas Salazar además destacó la falta de atención gubernamental hacia el tema de las desapariciones y coincidió con activistas y especialistas en la denuncia de que mientras que el discurso oficial a menudo enfatiza avances y logros en la lucha contra la inseguridad, rara vez se aborda la dolorosa y urgente problemática de las desapariciones.

“El discurso del Gobierno. Pocas veces refiere a la desaparición y cuando habla de inseguridad, más bien enfoca a los avances, los logros, las disminuciones que hay en delitos de alto impacto, según refieren sus propios datos, pero no se habla del tema tan doloroso y sentido que es el de la desaparición”, abundó.

FOSAS Y RESTOS EN JALISCO

El Cuarto Informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y Coordinadora del Gabinete de Seguridad, con fecha de abril del 2023, muestra que de abril de 2022 a marzo de 2023 se han descubierto en Jalisco 36 fosas clandestinas, lo que coloca al estado como la cuarta entidad con más hallazgos de este tipo. Las mismas cifras indican que en este mismo periodo fue el estado con más cuerpos exhumados con 308 restos recuperados.

A esto se suma, que de acuerdo con los datos compilados y publicados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en casi cinco años se sumaron 4 mil 226 Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI) en morgues de la entidad. Ese registro incluye datos de cadáveres, segmentos y restos óseos bajo resguardo del IJCF en los Semefos del Estado, en el panteón forense o en los panteones municipales ingresados entre el 19 de septiembre de 2018 y julio pasado, según reportó Mural.

En este rubro, las cifras del investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, a partir de información de la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado, muestran cómo en el primer año del Gobierno de Alfaro se localizaron 36 fosas clandestinas, para 2020 disminuyeron a 27 los hallazgos, y para 2021 se registraron 23. No obstante, en 2022 tuvieron un repunte de 41 entierros clandestinos localizados, mientras que en lo que va de 2023 son 13 los hallazgos.

En los mismos años, conforme a los mismos datos, en 2019 se recuperaron 291 cuerpos humanos; en 2020 fueron 544 —la cifra más alta hasta el momento—; en 2021, 280; en 2022, 301, y en lo que va de este año ascienden a 233 los cuerpos recuperados.

“Jalisco también es líder en la nacional, lamentablemente, en fosas clandestinas. La mayoría de las fosas han sido localizadas por madres buscadoras y ese es otro dato interesante. En el caso de Jalisco la mayoría de las fosas han sido localizadas en Tlajomulco, Zapopan y el Salto. Yo menciono esto porque el problema de fosas, al igual que el problema de la desaparición, es un problema de las grandes metrópolis, no es un problema de las zonas rurales como muchas veces se quiere creer”, explicó González Romero.

Por su parte, doctora Chinas Salazar reconoció que “[en Jalisco] se ha planteado que una de las hipótesis de una baja de homicidios podría ser que los cuerpos no se registran como homicidios, ya que son cuerpos que están en fosas clandestinas y no se contabilizan en esta estadística que se sube al Registro Nacional. Es posible, pero no tenemos los elementos de análisis suficientes debido a la opacidad en el manejo de los datos”.

¿QUÉ PASA CON LOS HOMICIDIOS?

En efecto, se ha observado una disminución en el número de asesinatos en comparación con 2019, que fue el primer año de gobierno de Alfaro y cuando se produjo un aumento del 10.50 por ciento en los casos de homicidios dolosos en comparación con el último año de gobierno de Aristóteles Sandoval.

Desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de junio de 2023, Jalisco ha registrado al menos 10 mil 830 víctimas de homicidio doloso durante la administración de Alfaro. En el primer semestre del presente año, se han reportado mil 955 víctimas; 2 mil 070 en 2022; 2 mil 373 en 2021; 2 mil 621 en 2020 y 2 mil 671 en 2019.

“Esto nos da una incidencia, o sea, si lo trasladamos a homicidios anuales mil por 100 mil habitantes, nos da 26 homicidios por cada 100 mil habitantes. Si lo comparamos con el dato nacional, es 24 por cada 100 mil, entonces Jalisco está por encima de la media nacional”, abundó González Romero.

En cuanto a la tasa por cada 100 mil habitantes, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que esta ha ido disminuyendo desde 2018, cuando era de 23.79; un año después aumentó a 24.23; en 2020 se redujo a 20.82, para 2021 ascendió a 21.42, y el año pasado ascendió a 18.72. Si bien han disminuido estos crímenes, Jalisco fue en 2022 la sexta entidad más violenta en número totales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los datos del SESNSP dan cuenta de igual forma cómo de 2019 a 2021 los homicidios dolosos y los feminicidios de menores de edad incrementaron en este periodo, pese a una reducción frente al último año de Aristóteles Sandoval. En el primer año de Alfaro ascendieron a 64, una reducción con respecto a 2018 cuando se reportaron 83. Para 2020 el incremento anual fue mínimo, al registrarse 65, un año después ascendieron a 69, para reducirse en 2022 a 52 casos.

El diario Milenio publicó, en ese sentido, el jueves cómo a escala nacional se ha reducido significativamente la violencia en contra de los menores de edad en lo que va del año; sin embargo, el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, la ausencia de seguridad en regiones específicas y la alta migración por falta de oportunidades han provocado que específicamente en Jalisco los asesinatos de jóvenes y adolescentes se incrementen 33 por ciento.

No obstante, el profesor Víctor Manuel González expusó que esta aparente reducción en las cifras es, en realidad, un engaño, ya que los datos esconden una realidad mucho más preocupante. Según González, “realmente no ha habido una disminución”.

Con base en datos concretos, el experto señaló que en el año 2018, por cada 100 carpetas de investigación de homicidios dolosos en Jalisco, se registraron 123 víctimas. Sin embargo, para el año 2023, la cifra aumentó a 144 víctimas por cada 100 carpetas. Esto sugiere que, en lugar de una disminución, se está acumulando un mayor número de víctimas en las carpetas de investigación, lo que aparentemente reduce el número total de homicidios dolosos reportados.

González criticó la manera en que tanto el Gobierno estatal como otras entidades han presentado una supuesta disminución en los homicidios dolosos, basándose en los datos del INEGI de 2022. Pues advirtió que estos datos son preliminares y no reflejan con precisión la realidad, ya que en 2023 se han registrado numerosas víctimas de homicidios que ocurrieron en 2022. Esta discrepancia entre el año de ocurrencia y el año de registro crea una distorsión en las cifras.

El investigador sostiene que el Gobierno está manipulando las cifras según sus conveniencias. “La realidad es que el número de homicidios dolosos en Jalisco es altísimo, al igual que a nivel nacional”, afirmó González, quien además, destacó una redefinición en la clasificación de homicidios dolosos durante esta administración, donde los homicidios culposos o dolosos aparentemente se han reconfigurado, mientras los casos de homicidios dolosos han disminuido.

Otra preocupación planteada por el experto es la creciente presencia de personas fallecidas no identificadas en fosas comunes, que no se registran como homicidios hasta ser identificadas. Similarmente, menciona que muchos casos de desapariciones podrían estar siendo catalogados como tales para evitar que sean clasificados como homicidios, tanto por el crimen organizado como por las autoridades.

No obstante, el problema va más allá de las cifras, según explicó la experta. La falta de reconocimiento de la dimensión del problema agudiza la preocupación y la indignación no solo de especialistas y activistas, sino también de la ciudadanía.

“Lo que nos preocupa en este caso es que ya está por terminar la administración del Gobernador Alfaro y en todo momento, en materia de seguridad, ha habido un discurso que se aprecia como triunfalista, diciendo que todo está bien, que son casos aislados, que son situaciones que no son la generalidad y sucede todo lo contrario”, detalló.

Chinas Salazar ejemplificó la situación con el actual caso de Lagos de Moreno, pues explicó que la región de los Altos Norte es un área que la misma población se refiere como intransitable por las carreteras. Este problema lleva mucho tiempo y, por lo tanto, cuando ocurrió lo de Lagos de Moreno, surge una indignación ciudadana debido a que ya se había advertido lo que estaba pasando y no se actuó.

“Este problema tiene ya mucho tiempo y entonces sucede lo de Lagos de Moreno, y pues de inmediato hay una indignación ciudadana porque ya se había advertido de lo que estaba pasando y no se hizo prácticamente nada para atender la problemática”.

Y añadió: “Además, el accionar de las autoridades ante las desapariciones siempre parece que va demasiado lento. Primero son las familias las que demandan, salen a la calle, hacen pública la situación y es entonces que las autoridades reaccionan. En ese sentido, se percibe tanta inconformidad con el trabajo que a nivel local se hace en el tema de las desapariciones, porque ni siquiera se reconoce la dimensión del problema al que nos enfrentamos”.