El Congreso de Puebla aprobó en lo general la Ley de Voluntad Anticipada, sumándose así a las entidades que ya cuentan con esta normativa, como Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala.
La Ley de Voluntad Anticipada busca que las personas en situación terminal puedan concluir su vida de manera digna, recibiendo solo cuidados paliativos que no buscan modificar su salud. Esta ley garantiza que los pacientes terminales reciban cuidados enfocados en no prolongar la agonía y el dolor.
A diferencia de la eutanasia, la voluntad anticipada no acelera la muerte del paciente, sino que permite que no se busque mejorar su enfermedad, evitando sufrimientos innecesarios.
La ley aplica para personas que médicamente ya no tienen cura o cuyo padecimiento no puede revertirse. Estas personas podrán solicitar la voluntad anticipada para recibir cuidados paliativos y no tratamientos curativos.
Para hacer uso de este derecho, la persona debe estar en pleno uso de sus facultades y acudir a un notario público para firmar un documento que avale su solicitud. En el caso de menores de edad, los padres o tutores deben dar cuenta de ello, aunque en cualquier caso la decisión puede revertirse, de igual forma si se comprueba que la persona fue manipulada u obligada a realizar el trámite.
El formato debe ser llenado personalmente por el paciente, en presencia de un notario público o personal de salud autorizado, junto con dos testigos. El documento debe incluir datos personales, el nombramiento de un representante y la manifestación de la voluntad de donar o no sus órganos. Los menores de edad deben realizar el procedimiento a través de un tutor. Además, el enfermo conserva el derecho de arrepentirse y volver a tratamiento curativo.
La aprobación de esta ley representa un avance en los derechos de los pacientes, brindando un marco legal claro para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre sus tratamientos médicos en situaciones críticas.
La iniciativa, presentada en el año 2022, coloca a Puebla entre las entidades que reconocen y respetan el derecho de los pacientes a una muerte digna.