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El senador electo, Miguel Ángel Yunes Márquez, fue convocado nuevamente para una audiencia de imputación en libertad.
Esta cita se produce tras las declaraciones de la gobernadora electa, Rocío Nahle, quien expresó que Yunes Márquez no debería asumir su cargo en el Senado debido a las acusaciones que enfrenta, las cuales incluyen uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.
La audiencia está programada para las 08:30 horas en los juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec, donde Yunes Márquez comparecerá junto a otros acusados.
El intento anterior de realizar esta audiencia, previsto para el pasado viernes, fue cancelado porque el Poder Judicial no notificó a todas las partes involucradas, incluido el propio Yunes Márquez.
El senador electo está siendo investigado bajo la carpeta 151/2021, junto con Gianfranco Melchor Robison, María Teresa de Jesús Madrid Vargas, Julio Alberto Torres Martínez, María Rebecca González Silva y Federico Barrientos Ortiz.
Esta investigación también podría involucrar al exalcalde del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, después de que ciudadanos y miembros del PAN denunciaron la presunta gestión y uso de documentos falsos para que Yunes Márquez pudiera participar en la elección de 2021.
En su primer citatorio, Yunes Márquez fue convocado para las 08:30 horas en los juzgados de Pacho Viejo, pero la audiencia fue suspendida debido a que no se pudo notificar a todas las partes implicadas.
Fuentes cercanas al caso señalaron que la Fiscalía General debía confirmar los domicilios y solicitar una nueva fecha para la audiencia, ya que el citatorio no fue recibido en la dirección indicada.
La denuncia fue presentada en 2021 por Virginia Roldán, ciudadana y regidora del puerto de Veracruz.
Su asesor jurídico es Jorge Reyes Peralta, quien, al estar acreditado como su representante podría convertirse en el primer abogado en judicializar un caso contra la familia Yunes.
En su primer citatorio se advirtió que, si Yunes Márquez y los demás imputados no comparecen, podrían enfrentar una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización y podrían ser considerados formalmente como sustraídos de la acción de la justicia.
La gobernadora electa, Rocío Nahle, reiteró su postura sobre la situación de Yunes Márquez, afirmando que no debería asumir su cargo debido a las acusaciones penales en su contra.
"Se tiene que solicitar que no se le tome protesta y eso le corresponde a la Fiscalía, que no se le tome protesta hasta que cumpla, eso es lo que yo creo (...)
"La Fiscalía tiene un periodo de estancia que también ahí hay que revisar, tiene un periodo de nueve años que también se cambió esa ley en el gobierno de Miguel Ángel Yunes (Linares), que hay que revisar qué tan conveniente es que duren los fiscales tantos años," comentó.