El diputado Diego Castañeda Aburto, del grupo legislativo de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Veracruz con el objetivo de modificar los procesos de designación, evaluación y remoción del titular de la Fiscalía General.
Entre los cambios propuestos destaca la reducción del periodo de gestión del titular de la Fiscalía de nueve a cuatro años, con la posibilidad de reelección condicionada a una evaluación de desempeño.
La iniciativa establece que, al haberse superado el nuevo periodo propuesto de cuatro años, el Congreso deberá iniciar un procedimiento excepcional para definir su continuidad en el cargo. Al respecto, el documento señala:
El diputado morenista subrayó que se busca que la Fiscalía General genere mayor confianza entre los veracruzanos.
"Reitero que la finalidad de la presente iniciativa radica en contar con una Fiscalía más sólida y democrática, en donde se asegure la procuración de justicia plena, eficaz, que satisfaga las necesidades de las y los veracruzanos.
"Que acudan al ministerio público los veracruzanos con confianza, sean escuchados y donde se les ponga siempre en el centro de atención de toda investigación o diligencia y donde siempre se salvaguarde si dignidad", señaló en tribuna.
Verónica Hernández Giadáns asumió el cargo como encargada de despacho en septiembre de 2019 tras la destitución de Jorge Winckler Ortiz, quien fue removido bajo el argumento de no haber aprobado los exámenes de control y confianza.
De aceptar el procedimiento de ratificación, su desempeño será evaluado para determinar si continúa al frente de la Fiscalía bajo las nuevas reglas.
La propuesta también modifica el proceso de remoción del titular de la Fiscalía. Actualmente, la decisión recae exclusivamente en el Congreso del Estado; sin embargo, la reforma plantea que la gobernadora o gobernador puedan solicitar su salida.
Siempre y cuando existan causas graves definidas en la ley y sean aprobadas por dos terceras partes del Congreso.
En cuanto a la designación del titular el Congreso continuará siendo la instancia responsable, pero ahora con una mayor intervención del Ejecutivo.
El proceso comenzará con la recepción de propuestas de ciudadanos y organizaciones civiles, a partir de las cuales se elaborará una lista de al menos diez candidatos.
El gobernador o gobernadora seleccionará una terna de aspirantes, que será sometida a votación del Congreso requiriendo el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores para la elección final.
Castañeda Aburto argumentó que esta dinámica refuerza la transparencia y la inclusión en el proceso de designación, garantizando que los seleccionados cumplan con los estándares necesarios para ejercer el cargo.
"La procuración de justicia debe ser una función que no solo garantice el cumplimiento de la ley, sino también la confianza de la sociedad en sus instituciones", afirmó el legislador.
Al término de la presentación, la iniciativa contó con el respaldo de los integrantes del Grupo Legislativo de Morena, así como de legisladores del PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y PRI.
Entre los apoyos destacados se encuentran los diputados Elena Córdova Molina y Adrián Sigfrido Ávila Estrada, ambos de MC, y Ana Rosa Valdés Salazar, del PRI.