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El Congreso de Veracruz aprobó una serie de reformas que buscan imponer penas de uno a seis años de prisión y multas de trescientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMAS) a quienes, sin los permisos necesarios o sin aplicar medidas de seguridad, alteren el ciclo hidrológico y afecten la seguridad agroalimentaria.
Las reformas incluyen modificaciones a la Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, a la Ley Estatal de Protección Ambiental y al Código Penal.
Estas modificaciones fueron impulsadas por ciudadanos preocupados por el uso de "cañones antigranizo" o el bombardeo de nubes para evitar la lluvia, quienes llevaron sus inquietudes a los diputados.
Las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático turnaron la iniciativa, que reforma y adiciona disposiciones de las leyes mencionadas.
La reforma establece que se promoverá la investigación de escenarios climáticos para identificar cultivos prioritarios o la oportunidad de cambiar cultivos o métodos de cultivo, privilegiando el rescate de cultivos de temporal y de un medio ambiente adecuado.
Esto, como consecuencia de la operación de programas en atención al cambio climático, y para corregir el desequilibrio que éste genera en los cultivos producidos en los ecosistemas, priorizando la protección del medio ambiente tanto a nivel estatal como municipal.
Durante la sesión, Pedro Romero Cortina, agente municipal en Totalco, en Perote, afirmó que la iniciativa surgió a partir de pruebas que demostraron que rancheros y empresas lanzan nitrógeno y antigranizo, o "cohetean las nubes" para inhibir la lluvia.
El agente municipal también mencionó que presentó pruebas de que empresas como Volkswagen han utilizado cañones para impedir las lluvias. Además, destacó que, en otras entidades, como Puebla, se han aprobado leyes similares para castigar penal y económicamente a quienes alteren el ciclo hidrológico.