A pesar de que en los últimos meses 24 empresas gaseras que operaban de manera irregular fueron clausuradas, todavía hay otras que operan impunemente a pie de carretera y hasta se anuncian en redes sociales.
Fue el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien en sus últimas conferencias de prensa ha dado a conocer la clausura de estaciones de carburación de gas, por no cumplir con la normatividad e incluso operar en la ilegalidad.
Apenas este lunes, dio a conocer que en los últimos meses, se clausuraron 24 estaciones de carburación, además de las tomas clandestinas tanto de gas como de gasolina y resaltó los operativos para lograrlo en coordinación con Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional y la propia Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
Sin embargo, a lo largo del territorio estatal, existen estaciones de carburación de gas, que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad, no la normatividad de protección civil, además que se desconoce el origen de gas que venden, pues no aparecen en el padrón de Pemex.
Prueba de ello, el reporte con corte al 2023, la Comisión Reguladora de Energía advirtió que creció el número de estaciones clandestinas de gas, en varias entidades del país, incluyendo Veracruz.
En el caso de la entidad veracruzana, esas estaciones se encuentran en Paso del Toro, en el municipio de Medellín; la estación Rancho del Padre, precisamente en la comunidad que lleva el mismo nombre, también en el municipio de Medellín; lo mismo que otra más que se encuentra en El Tejar. Igual del mismo municipio.
Las otras dos estaciones están en la comunidad de Vargas en el municipio de Veracruz y otra más ha sido detectada en la comunidad de Puente Jula, en el municipio de Paso de Ovejas.
De igual forma, resalta la de El Gallito en los Tuxtlas, la cual ha incrementado sus actividades, y con ello el riesgo de la población.
Una más que también ha extendido sus operaciones, Amerigas, en los municipios de Omelaca, Tezonapa Córdoba y Fortín.
Aunque algunas de estas, se encuentran sobre las carreteras o sobre calles altamente transitadas, ninguna autoridad, ya sea de protección civil municipal o estatal, o de regulación de comercio, ni del sector energético les ha impedido continuar con sus operaciones.
Sobre ello, los concesionarios bajo legalidad, han acusado que operan en supuesta “clandestinidad” las estaciones mencionadas, porque están a la vista, han sido reportadas a las autoridades, pero se les continúa tolerando que operen en completa irregularidad.
Resaltaron los riesgos para la población y usuarios de esas estaciones, como para los propios empleados, pues no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas, además que usan materiales reciclados y en su construcción nunca se verificó que cumplieran con las normas requeridas.
Esto, además de representar una competencia desleal para las estaciones que cumplen con todos los requisitos fiscales, legales, laboral, de protección civil y demás normativas, es un riesgo para la población, pues ante algún incidente, se desconoce quién podría responder a los afectados.
A la par, el gas que venden se desconoce quién es su proveedor, y si éste no ha sido alterado o no cumple con la calidad debida, generando otro tipo de riesgo para quienes lo consumen o lo llevan a sus hogares.