Con la homologación de la Constitución Política de Veracruz a la Carta Magna federal en materia de Reforma al Poder judicial -con un enfoque en la transparencia y la inclusión-, se democratiza la elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces y se atiende las necesidades de la ciudadanía, expuso Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, diputado y coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
¿Qué implica esta reforma para los veracruzanos? La modificación constitucional alinea la Carta Magna local con la federal y establece procesos democráticos para la elección de juezas, jueces, magistradas y magistrados.
La meta es garantizar un Poder Judicial independiente e imparcial que responda a las demandas sociales.
Carlos Marcelo Ruiz Sánchez destacó que la reforma representa un gran paso para garantizar justicia pronta y expedita.
La sociedad exige transparencia, inclusión e igualdad, y esta transformación es una respuesta directa a esas demandas, afirmó.
Entre las medidas más relevantes se incluye la creación de un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, los cuales tendrán la tarea de supervisar y regular el funcionamiento del sistema judicial, eliminando fideicomisos y fondos opacos en favor de un manejo más transparente de los recursos.
El Congreso de Veracruz ha marcado un precedente con esta reforma, cuya implementación busca sentar las bases para un sistema judicial que ofrezca justicia pronta, accesible y equitativa. Con estas medidas, se espera fortalecer la confianza ciudadana y modernizar las instituciones judiciales del estado.
Esta reforma es para la ciudadanía, para construir un sistema judicial más democrático y accesible. Se necesita la participación de la sociedad para garantizar su éxito, expresó.
La reforma también establece que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Organismo Público Local Electoral (OPLE) tendrán las condiciones necesarias para organizar elecciones justas y claras en los procesos de selección de las nuevas autoridades judiciales.
Con un enfoque en la equidad de género, se busca garantizar igualdad sustantiva en la selección de los nuevos integrantes del Poder Judicial.