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La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH) emitió la Recomendación 40-2024, documentando la desaparición forzada de 19 personas en Atoyac, Veracruz.
La responsabilidad recae en elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), bajo el mando de Alfonso Zenteno Pérez, entonces Comisario de la dependencia durante el gobierno de Javier Duarte.
El informe señala omisiones y falta de diligencia en la investigación por parte de la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE), actualmente dirigidas por Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla y Verónica Hernández Giadáns.
La recomendación se centra en los eventos del 2 de agosto de 2013, en la congregación General Miguel Alemán, municipio de Atoyac. Múltiples testimonios y evidencias indican la intervención de la SSP en un operativo que resultó en la detención y desaparición de varias personas.
La CEDH encontró referencias periodísticas a un total de 25 personas desaparecidas debido a dicho operativo, señalando que las 6 restantes son originarias de colonias de la ciudad de Córdoba.
A partir de entonces diversas publicaciones periodísticas han relacionado a Alfonso Zenteno Pérez con múltiples casos de desapariciones forzadas, especialmente con la del bar La Potra Zaina en Potrero Nuevo.
Según reportes, el operativo llevado a cabo por la SSP resultó en la desaparición de 19 personas. Entre ellas, Luz del Carmen Zayas Rodríguez, de 75 años, dueña del bar La Potra Zaina, su nieta María Inés Sánchez Sayas, de 35, Eduardo Alberto Ramos Tecalco y Jairo Manuel Flores Donado.
Alfonso Zenteno Pérez fue detenido en 2017 por el delito de pederastia en ese mismo año también fue vinculado a proceso por secuestro agravado, imputado directamente por la desaparición de cuatro personas con identidad resguardada en la recomendación de la CEDH.
El informe de la CEDH subraya que el 2 de agosto de 2013, elementos de la SSP llevaron a cabo un operativo en el bar de la localidad, deteniendo a varias personas, incluidas V4, V9, V18 y V27.
Testigos describieron cómo los agentes, encapuchados y armados, irrumpieron en el bar, golpearon a los presentes y se llevaron a varios de ellos, incluyendo a la dueña del establecimiento y otros clientes.
La investigación también documenta que V28, hija de V27, fue detenida en la avenida principal de la localidad mientras se dirigía a un culto religioso. Testigos identificaron a un comandante de la SSP, conocido como "R1", como uno de los responsables de las detenciones. Este comandante, según la recomendación, enfrenta procesos penales por abuso de autoridad y secuestro.
Una de las principales críticas del informe es la falta de colaboración de la SSP y la FGE en proporcionar información sobre el paradero de las personas detenidas. Según el testimonio de V6, al preguntar por su hermano V4 en diferentes instalaciones de la SSP y la FGE, recibió respuestas evasivas.
El documento también señala que la FGE mostró negligencia en la integración de las carpetas de investigación, afectando el derecho de las víctimas y sus familiares a una justicia pronta y efectiva.
La CEDH concluyó que hubo una grave violación a los derechos humanos, incluyendo el derecho a no sufrir desaparición forzada, el derecho a la integridad personal y el derecho a una vida libre de violencia institucional.
El organismo emitió varias recomendaciones específicas para la SSP y la FGE, instando a una investigación exhaustiva, la sanción de los responsables y la implementación de medidas para garantizar la no repetición de estos hechos. Además, se solicita la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias, incluyendo apoyo psicológico y la búsqueda activa de los desaparecidos.