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Gómez Cazarín busca reformar la Constitución del Estado para agilizar relevos gubernamentales
El diputado propone que el próximo gobernador ocupe el cargo en septiembre
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El diputado y coordinador del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución del Estado buscando agilizar la transición de poderes en la entidad, reduciendo el periodo entre la elección y la toma de posesión del nuevo gobernador.
La iniciativa propone modificar el artículo 44 de la Constitución local para que la nueva gobernadora o gobernador asuma funciones el 30 de septiembre del año de la elección, en lugar del 1 de diciembre. Esta modificación reduciría el período de transición a menos de cuatro meses para 2036.
“Se debe entender que la persona que ocupe la gubernatura a partir del primero de diciembre próximo desempeñará el cargo hasta el 30 de noviembre de 2030; quien sea elegida como Gobernadora o Gobernador en 2030 asumirá el cargo el primer día de diciembre de ese año, pero concluirá su período el día 29 de septiembre de 2036 (…).
“(…) para que quien le suceda inicie su período constitucional de seis años el 30 de septiembre de esa misma anualidad, en un esquema similar al empleado para el caso de la presidencia de la República en la reforma constitucional federal de 2014”.
CONGRESO INICIARÍA EN SEPTIEMBRE
Además, la propuesta incluye cambios en las fechas de inicio de funciones del Congreso del Estado, adelantándolas al 1 de septiembre, alineándose con la mayoría de los órganos legislativos locales y las Cámaras del Congreso de la Unión.
“Se prevé que, para el caso del Congreso del Estado, las personas elegidas como diputadas y diputados en los comicios que se celebren en 2027 iniciarán sus funciones el 5 de noviembre de ese mismo año, concluyéndolas el último día de agosto de 2030, de tal modo que la Legislatura posterior se instale el primer día de septiembre de ese año. Lo anterior, sin perjuicio de normas transitorias específicas sobre las fechas de los períodos de sesiones ordinarias de las próximas Legislaturas”.
La reforma también ajusta las fechas de los períodos de sesiones ordinarias del Congreso y la presentación del informe anual del estado de la administración pública.
El primer período de sesiones ordinarias se celebraría a partir del primer día de septiembre y concluiría el 15 de diciembre, prorrogable por quince días en el año de renovación de gubernatura.
El segundo período tendría lugar del primer día de abril hasta el último del mes de junio. La fecha de presentación del informe del estado que guarda la Administración Pública Estatal se modificaría del 15 de noviembre al 10 de septiembre para evitar incompatibilidades con las reformas propuestas.
“Por tal razón, en este proyecto se propone que dicho informe se realice el día 10 de septiembre, a fin de que en el último año de ejercicio exista un plazo razonable para las comparecencias de las personas titulares de las dependencias, con motivo de la glosa del informe, y la prevista constitucionalmente para que quien ocupe la gubernatura comparezca ante el Congreso”.
Finalmente, se modificarían las fechas para la presentación del presupuesto para el ejercicio fiscal del año siguiente. La propuesta adelanta esta presentación a la última quincena de octubre, excepto en el año en que se renueven conjuntamente el Ejecutivo y el Congreso, en el que la presentación se realizaría a más tardar el 15 de noviembre.
JUSTIFICA LOS CAMBIOS
Gómez Cazarín recordó que en 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, que incluía la creación del Instituto Nacional Electoral y la posibilidad de reelección consecutiva de legisladores y ediles.
- Veracruz reformó su Constitución en 2015 para alinearse con estos nuevos lineamientos, estableciendo la reelección consecutiva de diputados y la creación de la Fiscalía General del Estado como organismo autónomo.
Sin embargo, la reforma de 2015 no abordó el ajuste de la fecha de inicio de funciones para los gobernadores del estado, resultando en un período prolongado de aproximadamente seis meses entre la elección y la toma de posesión del nuevo gobernador.
En su justificación, Gómez Cazarín argumentó que este lapso es excesivo e innecesario, retrasando injustificadamente la transición administrativa.
“Resulta excesivo y totalmente innecesario, aun si se consideran plazos razonables para el desahogo de impugnaciones ante las instancias jurisdiccionales electorales y para los procesos de entrega y recepción. El prolongado lapso entre la declaratoria de validez y la consecuente entrega de la constancia de mayoría a la persona ganadora en las elecciones de gubernatura, con la que se adquiere la condición de electa para dicho cargo, y la toma de protesta e inicio de los períodos de funciones, retrasa injustificadamente la transición de la Administración Pública Estatal”, opinó.
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