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Familias de personas desaparecidas en Veracruz podrían desplazarse a Jalisco y Tamaulipas tras el hallazgo de fosas clandestinas en esas entidades, señaló Anais Palacios Pérez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
"Seguramente algunas familias decidirán por su cuenta acudir a estos espacios. Lo que sabemos que ocurre en ese tipo de lugares es que, en primer término, tienen que estar las autoridades por la validez que se le tiene que dar al hallazgo", dijo.
Hay que recordar que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó un campo de adiestramiento y al menos tres fosas clandestinas en la localidad de La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán.
De acuerdo con información preliminar, se trata de un campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde se encontraron crematorios clandestinos con restos humanos y pertenencias de víctimas.
Palacios Pérez advirtió sobre los riesgos de que las familias procesen estos hallazgos sin la intervención de las autoridades.
"Lo suben a redes sociales y muchas veces esto tiene un impacto en el caso. A veces hemos visto prácticas donde se llevan los elementos sucios del lugar para demostrar que sí había y los traen después. Esto tiene un impacto en la legalidad", señaló.
Recordó que Veracruz es una de las entidades con mayor número de fosas clandestinas en el país; "tenemos que aprender de eso, pero también decir que le toca al Estado. No son las familias las que deben resguardar ni mucho menos.
"Lo que nos toca a los colectivos y familiares es ver que el Estado haga su trabajo como corresponde", agregó Palacios Pérez.
En Veracruz han sido documentados diversos sitios de inhumación clandestina, entre ellos La Gallera en Tihuatlán, Colinas de Santa Fe en el puerto de Veracruz, Arbolillo en Alvarado y La Guapota.
Aunque la entidad no tiene la misma dinámica delictiva de destrucción de cuerpos como en Jalisco, sí hay patrones en la selección de lugares de depósito.
Sobre las desapariciones, Palacios Pérez destacó que "entre el 70 y 80 por ciento de los reportes no corresponden a desapariciones forzadas, sino a personas que se ausentan por diversas razones, generalmente vinculadas a la violencia".
Sin embargo, sostuvo que la responsabilidad del Estado es prevenir estos hechos.