En Misantla, al menos 200 reclusos no podrán participar en el proceso electoral

Una medida que prohíbe la participación en el proceso electoral actual a aquellos ciudadanos que se encuentran detenidos en las 17 prisiones del estado de Veracruz y aún no han sido sentenciados ha desatado un llamado urgente a la revisión y actualización de las leyes vigentes.

La información fue dada a conocer por el organismo público electoral, generando preocupación entre la comunidad legal y llevando a un llamado a la acción destaco el abogado Carlos Gabriel Sánchez Ortiz.

La determinación de excluir a aquellos que no han recibido sentencia en el actual proceso electoral plantea interrogantes sobre el acceso a los derechos políticos de individuos privados de su libertad, Sánchez Ortiz convocó a legisladores y diputados a revisar detenidamente las leyes vigentes, enfatizando la necesidad de una actualización que se adapte a las realidades cambiantes de la sociedad.

"Esta determinación plantea interrogantes sobre el acceso a derechos políticos de los individuos privados de su libertad, la legislación veracruzana no tiene los mecanismos ni se había previsto que las personas pudieran ejercer el voto en estas circunstancias", declaró Sánchez Ortiz.

"Es imperativo que se realicen ajustes para asegurar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar en el proceso democrático, independientemente de su situación legal".

En este contexto, el abogado destacó las limitaciones actuales en las leyes veracruzanas que restringen el acceso de cualquier persona a los penales, a menos que cumplan con ciertos criterios específicos, además, subrayó que la logística detallada de las elecciones no permite que cualquier persona ingrese a los penales durante la jornada electoral.

La situación se evidencia en el Centro penitenciario del municipio de Misantla, donde alrededor de 200 individuos se verán perjudicados al no poder ejercer su derecho al sufragio, más de la mitad de la población carcelaria en este centro aún no ha sido sentenciada, lo que plantea una preocupación real sobre la representación democrática.

"Es lamentable que aquellos que están privados de su libertad, pero no han sido sentenciados, se vean excluidos de participar en el proceso electoral", expresó Sánchez Ortiz. "La legislación veracruzana debe adaptarse a los cambios y garantizar que todas las personas, incluso aquellas bajo detención, tengan la oportunidad de ejercer sus derechos políticos".

El llamado a la acción destaca la necesidad de una revisión urgente de las leyes para garantizar la inclusión y la participación democrática plena de todos los ciudadanos, independientemente de su situación legal.