Denunció ser víctima de violencia; ahora, juez le prohibió ver a su hija

La señora Gabriela Almonte indicó que desde hace poco más de un año no puede ver a su bebé debido a las "argucias legales" que su exesposo, Ángel Fermín Anzures y su hermana María de Carmen Anzures, como su abogada, interponen en el caso.

Explicó que en su momento tomó la decisión de separarse por la violencia psicológica que ejercía su marido en contra de ella y que iba escalando hacia violencia física, pues incluso en una fiesta la empujó y la propia familia de él impidió que se la llevara porque temía por su integridad.

Mencionó que en ese entonces prácticamente tuvo que huir y se depositó legalmente junto con su hija; ahora, ella resultó vinculada a proceso por decisión de la fiscal segunda, Margarita González, quien judicializó la denuncia que interpuso su expareja.

Esta es por supuesta violencia familiar contra su bebé debido a que cuando esta comenzaba a caminar se cayó, lastimándose el labio. Por otro lado, ignoró la denuncia que ella presentó por la retención de su hija.

Señaló que tras haber acudido a Derechos Humanos apenas hace 15 días logró que su carpeta se cambiara de fiscal; esta ha hecho en dos semanas lo que no hizo en un año pero además mintiendo, pues ha puesto documentos que supuestamente le pidió pruebas hace un año, lo cual no es cierto.

Irregularidades

Mencionó que el 23 de noviembre su expareja la citó en el IMMO; ahí la acusaron de no acudir a ver a su hija. Seis días después, en el juzgado sexto, su exesposo pidió la custodia de la bebé por cuatro años y ofreció que viera a la menor si ella desiste de cualquier denuncia.

“Inclusive la jueza de control le dijo que era contradictorio, porque pedía que no la viera, luego que la viera, y en la vinculación de proceso están pidiendo que no vea a mi hija”, relató.

La agraviada dijo que ha accedido a todo lo que han pedido, incluso que recibiera atención psicológica desde hace un año pero no ha servido de nada, porque ahora su expareja dice que no está bien mentalmente porque acude a terapia.

Señaló que su caso ya es una burla total hacia ella, por lo que hace un llamado a la fiscal Verónica Hernández Giadáns y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que vean lo que ocurre en los juzgados, pues de tener acreditado que ella era víctima ha pasado a convertirse en la acusada.