Policías municipales y ministeriales detuvieron al profesor Fernando el pasado 8 de enero, tras relacionarlo con un asalto ocurrido en la plaza Urban Center, donde una cuentahabiente fue despojada de 56 mil pesos.
Sin embargo, ante la falta de pruebas, el docente terminó siendo remitido ante un juez por el delito contra las instituciones de seguridad pública.
La detención, llevada a cabo en su domicilio en la colonia Rafael Lucio, fue justificada bajo el argumento de flagrancia, aunque familiares y su abogado calificaron el acto como arbitrario y carente de sustento.
De acuerdo con Gerardo Escobedo Muñoz, abogado defensor, la detención fue parte de un operativo irregular en el que los agentes ingresaron al domicilio sin orden judicial.
"Entraron sin autorización, rompieron cristales, causaron destrozos y sometieron a la hermana del maestro. A él lo sacaron con violencia, sin justificación ni explicación alguna", señaló.
El operativo, realizado alrededor de las 15:00 horas, habría sido motivado por un código rojo emitido tras el asalto ocurrido ese mismo día a las 12:30 horas. Según reportes, los responsables del robo eran dos hombres vestidos de negro que huyeron en un auto Versa.
No obstante, testigos aseguran que las características descritas no coinciden con las del profesor. Además, afirman que este se encontraba en su hogar desde el mediodía, tras haber regresado de su trabajo en un taxi, como lo hace habitualmente.
Durante el operativo, que duró aproximadamente tres horas, los policías no solo causaron daños materiales, sino que también sustrajeron bienes del domicilio, según la defensa.
"Se llevaron laptops, celulares, joyas y dinero en efectivo, además de consumir los alimentos que encontraron en la cocina", detalló Escobedo Muñoz.
Fernando, quien trabaja como docente en la primaria Benito Juárez García en Naolinco, fue llevado a varias instalaciones policiacas sin que su familia pudiera localizarlo por varias horas.
Finalmente, fue presentado ante el Ministerio Público gracias a un amparo promovido por su abogado. "El informe policial tiene inconsistencias graves. Los horarios no coinciden y no hay pruebas que lo vinculen al asalto. Nada de lo señalado en el documento refleja la realidad", afirmó Escobedo Muñoz.
En audiencia inicial, un juez de control determinó no legalizar la detención debido a las irregularidades del informe policial homologado. Según la defensa, el informe indicaba que la detención ocurrió en flagrancia, pero los tiempos no coinciden, ya que el código rojo se emitió a las 14:56 horas, mientras que la supuesta detención ocurrió antes de esa hora.
Tras quedar en libertad, los familiares del profesor presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra los elementos que participaron en el operativo. Señalaron que recurrirán a todas las instancias legales necesarias para garantizar justicia y resarcir los daños causados.
"El maestro es una persona reconocida por su trabajo y compromiso con la educación. Este tipo de actos no solo afectan su reputación, sino también la tranquilidad de su familia y de toda la comunidad", concluyó el abogado.
Los familiares enfatizaron que están a favor de que se realicen las investigaciones necesarias para dar con los responsables del asalto, pero rechazaron que se utilicen procedimientos arbitrarios que violen los derechos humanos.