El Congreso local podría emitir un exhorto al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) para que informe sobre el estatus de las ocho empresas fantasma detectadas en la pasada administración estatal.
Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que si existen pruebas suficientes, se deben presentar denuncias.
"El tema de las empresas fantasma, si hay quien denuncie que se le dé trámite (...) definitivamente sí, si está en nuestras manos", declaró.
El legislador confirmó que el Congreso puede presentar un punto de acuerdo para solicitar que el Orfis amplíe la información disponible sobre estos casos. Además, sostuvo que no se encubrirá a ningún funcionario o actor político involucrado.
"Quien esté involucrado que responda por sus actos. Yo soy muy respetuoso de la Secretaría de Educación, Seguridad Pública, Sefiplan, pero quien esté señalado debe responder.
"No venimos a encubrir a nadie, quien esté involucrado tiene que llevarse el tema hasta las últimas consecuencias", aseguró.
En su comparecencia ante el Congreso el 22 de enero Delia González Cobos, auditora general del Orfis, informó que la administración estatal que concluyó en 2023 dejó abiertos cerca de 300 expedientes, algunos de los cuales podrían derivar en denuncias.
En la sesión, el diputado priista Héctor Yunes Landa cuestionó a la auditora sobre la creación de empresas fantasma en el gobierno de Cuitláhuac García y la falta de detenidos.
"No hay ni charales ni peces gordos", señaló, y sugirió que el Orfis pudo haber recibido presiones políticas para no actuar contra la anterior administración.
González Cobos negó haber favorecido al gobierno saliente y explicó que el proceso de fiscalización avanza por etapas.
"Acerca de las investigaciones que tenemos (...) estamos realizando aproximadamente 280, casi 300 expedientes de investigación, que se inician una vez que concluye el procedimiento de fiscalización y que el propio Congreso nos instruye para darles seguimiento debido a los presuntos daños patrimoniales".
Yunes Landa mencionó el caso de la empresa "Soluciones y Milagros", registrada como proveedora de comercio al por mayor de ropa pero que recibió contratos para suministrar folders, lapiceros, tóner, agua purificada, persianas y equipo médico.
La empresa, ubicada en una vivienda de la colonia Rafael Murillo Vidal de Xalapa, fue constituida bajo la figura de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), un esquema que permite su creación en 24 horas sin intervención de notario.
Su propietario, Mauricio Gómez Castañeda, aparece en el padrón de militantes de Morena.
Según González Cobos, el Orfis detectó al menos ocho empresas en esta situación con contratos que superan los 205 millones de pesos.
"Nosotros nos ubicamos en la actuación que señala nuestro protocolo. Está en el anexo 69, el anexo de las empresas señaladas con las que no se deben efectuar operaciones por la anterior Secretaría de la Función Pública. De ser así, estamos señalando cualquier operación como daño patrimonial, porque no debían celebrarse las operaciones con esas empresas", precisó.