Cada vez más dependencias de Veracruz rechazan recomendaciones de la CEDH

Las dependencias públicas en Veracruz continúan rechazando las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), una tendencia que afecta directamente a las víctimas. 

En 2023, el 53 por ciento de las instituciones se negaron a aceptar las recomendaciones emitidas, y en lo que va de 2024, este porcentaje se ubica en un 47 por ciento.

“A la Comisión Estatal de Derechos Humanos no le impacta; les impacta directamente a las víctimas que ya de por sí están padeciendo los efectos de la vulneración de sus derechos humanos. Que la autoridad diga que no, es como una doble victimización”, señaló Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la CEDH.

Las cifras muestran un patrón recurrente. Este año, la CEDH ha emitido 87 recomendaciones, de las cuales solo 35 han sido aceptadas, 19 están en proceso de análisis y 31 ya han sido rechazadas. 

Esta negativa se extiende a casos que van desde la negación de servicios de salud hasta desapariciones forzadas y tortura, pues involucran principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado.

RECURREN ANTE LA CNDH 

Ante la negativa de las instituciones a aceptar las recomendaciones, las víctimas deben recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo que alarga considerablemente el tiempo que toma obtener una resolución favorable.

En 2023, la situación fue similar: de las 118 recomendaciones emitidas por la CEDH, 55 fueron aceptadas y 62 rechazadas. 

El rechazo a las recomendaciones ha crecido de forma constante en los últimos años. En 2019, el porcentaje de rechazo fue de 12.79 por ciento; en 2020, de 12.1 por ciento; en 2021, disminuyó a 8 por ciento, pero en 2022 subió al 19.38 por ciento. 

“Lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos esperaría es que, cuando se acredita que hubo una violación de derechos humanos, la entidad recomendada admita la recomendación. De no hacerlo, se transgreden los derechos de las víctimas que han quedado acreditadas en la recomendación”, subrayó Matzumoto.

La negativa de las dependencias públicas no solo implica una cuestión administrativa, sino que agrava la situación de las víctimas al prolongar el tiempo en que pueden recibir reparación. 

“Más allá de una compensación, que es solo una de las medidas reparatorias, se busca que las víctimas tengan acceso a herramientas que les permitan superar su situación de vulnerabilidad y retomar su proyecto de vida, que es lo deseable para todas ellas”, explicó.

Dependencias como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Consejo de la Judicatura y varios ayuntamientos están entre las que han rechazado las recomendaciones. Esta situación obliga a las víctimas a apelar ante la CNDH, lo que extiende aún más el proceso de reparación.