El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que modifica la distribución de participaciones y aportaciones federales para los municipios.
La nueva normativa establece que la asignación de recursos federales a los municipios deberá considerar factores de población y recaudación municipal. Para ello, se emplearán datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
De esta manera la variable poblacional se convierte en un criterio relevante en el cálculo de los fondos federales destinados a los municipios.
Conforme a esta reforma, los municipios deberán entregar datos actualizados sobre sus ingresos a la Secretaría de Finanzas, que a su vez informará a la Legislatura para que los cálculos de distribución.
Dentro de estos criterios, el Índice Municipal de Pobreza (IMP) será importante para la asignación de fondos, pues evaluará necesidades básicas insatisfechas en temas como ingresos, alfabetización y acceso a servicios básicos en cada municipio, utilizando como base los indicadores de rezago estatal.
Por otro lado, el Coeficiente de Participación Municipal (CPM) se aplicará para distribuir las participaciones federales en función de la recaudación local y otros ingresos.
La reforma introduce un cambio importante, pues el 30 por ciento del excedente del Fondo de Fomento Municipal, administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se destinará a aquellos municipios que mantengan un convenio de coordinación fiscal con el gobierno estatal para la gestión del impuesto predial.
La reforma también considera a los municipios productores de hidrocarburos, estipulando que los recursos provenientes del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos serán distribuidos por la Secretaría de Finanzas del Estado.
Para los municipios costeros, la distribución tomará en cuenta la población y la longitud de su litoral, con una fórmula que combina ambos factores para asegurar un reparto equilibrado.
En defensa de la propuesta, el gobernador García Jiménez destacó que la reforma garantiza mayores recursos a aquellos municipios que han celebrado convenios de coordinación con el gobierno estatal para la administración del impuesto predial.