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La Ley Silla ha sido aprobada en México como una medida para mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores en sectores de comercio y servicio.
Esta reforma, que modifica la Ley Federal del Trabajo (LFT) en sus artículos 132, 133, 422 y 423, obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo y prohíbe que los trabajadores pasen toda su jornada de pie.
El objetivo principal es reducir riesgos de salud como lumbalgia, tendinitis, várices y fatiga muscular, problemas comunes en trabajos que requieren permanecer de pie por largos periodos.
La Cámara de Senadores aprobó esta reforma el 4 de diciembre de 2024. A partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, las empresas tienen 180 días para cumplir con la nueva normativa, por lo que entrará en vigor en junio de 2025.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social también debe emitir en 30 días hábiles las regulaciones específicas para la correcta aplicación de la Ley Silla.
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La implementación de esta reforma favorece tanto a trabajadores como a empresas. Se ha demostrado que permitir descansos y acceso a asientos adecuados mejora la productividad y reduce el ausentismo laboral.
Según la Organización Internacional del Trabajo, reducir el tiempo de pie previene problemas musculoesqueléticos y mejora la calidad de vida laboral. Las empresas deberán asegurarse de contar con sillas suficientes y establecer reglas claras sobre su uso.
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Los empleadores que ignoren la Ley Silla enfrentarán multas que van desde 250 hasta 2,500 veces el valor de la UMA. Con el valor actual de 108.57 pesos, las sanciones podrían ir de 27,142 a 271,425 pesos. En casos graves, la Inspección Laboral podría suspender temporalmente las actividades de la empresa.
Esta medida busca garantizar que las empresas prioricen el bienestar de sus trabajadores y cumplan con la normativa laboral.
La Ley Silla es parte de la evolución de los derechos laborales en México. La LFT ya garantiza derechos esenciales como salario justo, jornadas máximas, descanso obligatorio, aguinaldo y seguridad social. Esta reforma refuerza el compromiso de México con un ambiente de trabajo seguro, digno y alineado con estándares internacionales.
Su éxito dependerá de una fiscalización efectiva, asegurando que los beneficios de esta ley se reflejen en la salud de los trabajadores y la productividad de las empresas.