Violencia política y fuego amigo

En un solo día, dos políticos del primer círculo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quienes además han mantenido una estrecha relación con el proyecto de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, en su estrategia hacia las elecciones para la gubernatura de Veracruz, se vieron obligados a responder a un fuerte embate mediático en las redes sociales.

El primero de ellos fue el secretario de Finanzas y Planeación, José Lima Franco. Utilizando una carta abierta en la plataforma recién renombrada como X, el funcionario del gabinete estatal negó ser el propietario de un lujoso automóvil Ferrari, tras la difusión de imágenes en las que su esposa aparecía junto a dicho vehículo. Sin perder tiempo, respondió con un discurso alineado a los principios de austeridad republicana promovidos por la 4T, con una explicación larga y por momentos hasta burda, pero trató de defenderse.

El segundo caso involucró al diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín. Este miembro de Morena denunció que una campaña en su contra fue lanzada tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Gómez Cazarín incluso proporcionó cifras, asegurando que se gastaron al menos 250 mil pesos para difundir información difamatoria en la red social Facebook. Estos ataques también habrían tocado aspectos personales y familiares, lo que llevó al diputado a contratar personal de seguridad y expresar que tenía miedo.

Destaca que se trata de dos funcionarios del régimen oficial, de la mismísima 4T jarocha, que asumen el papel que anteriormente hemos visto en políticos opositores. Sin embargo, la preocupante situación no es infundada.

La violencia ha arraigado profundamente en el ámbito político en el estado de Veracruz durante los últimos cuatro años, coincidiendo con el mandato del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. En este período, lamentablemente, 35 funcionarios y políticos han perdido la vida en la entidad veracruzana debido a actos violentos.

Una mirada al pasado inmediato, el periodo electoral 2021, es decir, las elecciones locales en las que se renovaron las 212 alcaldías y el Congreso del Estado, ubicó a Veracruz como el estado más violento para ejercer la política, según la empresa consultora Etellekt.

Ningún partido político se ha salvado, desde que ingresó Cuitláhuac García al gobierno, medios de comunicación han dado cuenta del asesinato de 9 políticos ligados a Morena -partido oficial-, 9 con militancia del PRI, 5 del PRD, 5 del PAN, 3 de Movimiento Ciudadano, 3 del PVEM, 2 de Fuerza x México, 1 de Todos Veracruz y 1 del PT.

Esta situación plantea serias preguntas sobre el clima político y la seguridad en la región. Si bien es necesario un escrutinio público constante para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en cualquier gobierno, el auge de la difamación y la violencia en la esfera política puede desviar la atención de los problemas cruciales que enfrenta la sociedad.

La necesidad de un diálogo civilizado y respetuoso se vuelve más urgente que nunca para lograr un ambiente político sano y constructivo.

A medida que las elecciones para la presidencial de la República, el Congreso de la Unión, el Congreso del Estado y la gubernatura de Veracruz se acercan, es esencial que los políticos se enfoquen en presentar propuestas sólidas y soluciones efectivas para los desafíos del estado, en lugar de caer en la trampa del ataque personal y la difamación.

Pero también es indispensable que quienes reciben estos embates mediáticos no los tomen a la ligera y, como aseguran en sus casos el secretario de Finanzas, José Lima Franco y el diputado local, Juan Javier Gómez Cazarín, tengan bien afinado el radas y sepan identificar si los ataques vienen de opositores o llegan desde las entrañas de su propio partido; es decir, si es fuego amigo, ya que de eso dependerán los pasos que deben dar en adelante, en caso de ser participes en el proceso electoral 2024, como candidatos u operadores políticos.

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