Tarek: una minucia

Tres años después, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificó la sanción económica que en 2018 le impuso la Auditoría Superior de la Federación a Antonio Tarek Abdalá Saad, quien fue tesorero en la administración del exgobernador Javier Duarte. 

El exdiputado federal del PRI por Cosamaloapan deberá pagar 3 millones 630 mil 606 pesos, una bagatela para “resarcir” el daño que ocasionó a la hacienda pública del estado. Y eso porque según el magistrado Carlos Chaurand Arzate, el extesorero duartista interpuso la demanda de nulidad de forma extemporánea, casi tres meses después de que venciera el término legal para impugnar la resolución.

A Tarek le está saliendo baratísima su complicidad en el desbarajuste financiero del gobierno estatal, aunque ahora pretenda deslindarse de su exjefe. Y es que para salvarse de la prisión, el extesorero de Duarte solicitó desde principios de 2018 –ocho meses antes de que perdiera el fuero legislativo y concluyera la administración priista del expresidente Enrique Peña Nieto–, un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para evitar ser juzgado por el presunto desvío de 57 mil millones de pesos provenientes de fondos federales que él manejó y que habría transferido a diversas cuentas por órdenes del exgobernador. Actualmente existen 32 carpetas de investigación y 11 averiguaciones previas abiertas en la FGR.

El recurso de “criterio de oportunidad”, planteado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, permite a los solicitantes convertirse en testigos colaboradores a cambio de obtener beneficios legales. Este criterio ha ido concedido por el Ministerio Público Federal a varias personas vinculadas con los desvíos del exmandatario veracruzano actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por lavado de dinero y asociación delictuosa.

En mayo de 2018, siendo todavía diputado federal, el extesorero confesó ante la PGR haber efectuado pagos a compañías fantasma por órdenes de Duarte y que en muchas ocasiones era Karime Macías, esposa del exmandatario, quien decidía el desvío del dinero público, asegurando que cada transferencia que hizo fue por instrucción y conocimiento del exgobernador y su cónyuge.

El extesorero aseguró que el dinero lo tomaba de partidas públicas que se asignaban a distintas dependencias, y que aun cuando éstas tenían carencias o servicios por cumplir, el dinero era transferido para los fines que decidían Duarte y su esposa.

Según versiones periodísticas, fueron al menos 9 las dependencias estatales desde las cuales se habrían transferido más de 3 mil 600 millones de pesos a compañías fantasma.

“Todo esto era aprobado por Javier Duarte. Por lo regular me reunía con él en las noches y me indicaba qué era lo que había que transferir de una cuenta a otra… todo era para hacer más fácil que se perdiera el rastro”, declaró Tarek, quien aceptó que fue una de las personas de mayor confianza del matrimonio Duarte-Macías y que por ello estaba encargado de operar los desvíos del dinero público, aunque cínicamente puntualizó: siempre bajo las instrucciones de ellos.