Será un país más democrático

Tal como lo advertimos la reforma política anunciada el pasado jueves en la conferencia mañanera resultó la mayor bomba de grandes cambios en los procesos electorales con la desaparición de los legisladores plurinominales tanto federales como estatales y los que quieran un cargo en los congresos tendrán que someterse a ser electos por los ciudadanos y no como venía sucediendo que los dirigentes partidistas y los altos funcionarios estatales y federales se repartían estos cargos y se despachaban a su antojo.

La gran mayoría de la clase política mexicana que se sentía segura que sería nominada, ni soñar que se sometería a un proceso electoral porque le sacarían todos los trapos sucios que arrastran. Gobernadores, secretarios de gobierno, funcionarios de los gabinetes, dirigentes nacionales y estatales de los partidos políticos que pensaban que contarían con el fuero son ahora los candidatos, ya no a puestos de elección popular sino a ocupar las celdas de los reclusorios de sus respectivas comunidades donde laboraron.

Esa seguridad de contar con el fuero legislativo era lo que les permitía robar a discreción y cometer toda clase de penadas anomalías.

La eliminación de tantas regidurías para otorgar puestos y disfrutar de los recursos públicos que también se repartían entre los miembros de la clase política los delincuentes de cuello blanco también se van a reducir y las planillas serán para unos cuantos que merecen trabajar y desquitar sus emolumentos.

El otro renglón de la reforma política es la elección de los funcionarios del INE directamente de los ciudadanos, danto término al proceso del reparto que hacían de estos cargos los dirigentes partidistas y la reducción sensible de elevados salarios y el sinnúmero de privilegios de toda índole que disfrutaban y también la desaparición de los OPLE y los tribunales electorales que operaban de acuerdo a los intereses del gobernador y que beneficiaban a quien les convencía con llenar adecuadamente sus bolsillos.

Esa guerra política que anunciaba Maquiavelo ha provocado el mayor enojo a la gran mayoría de la privilegiada clase política mexicana, bien conocidos por la sociedad porque en toda su vida han vivido del erario y no se les sabe que hayan desempeñado otro oficio ajeno a la grilla. Con esta reforma se acabaron los aviadores y vividores de una actividad tan respetable como la de los servidores públicos.

Resultó extraño que los que lo dieran a conocer esta reforma del presidente López Obrador hayan sido el director general de Aduanas Horacio Duarte y el titular de la Unidad de inteligencia Financiera Pablo Gómez Álvarez, cuando ambos funcionarios dependen de la secretaría de Hacienda Pública, la única explicación que pudiera tener es el gran ahorro de recursos públicos que van a tener si se aprueba este reforma política-electoral. Como explicación de ese último funcionario es quien posee información privilegiada sobre los miembros reconocidos como delincuentes de cuello blanco de las altas esferas.

Lo trascendente es la modificación de muchos artículos constitucionales que permitieron los fraudes electorales y la permanencia de un sinnúmero de funcionarios públicos que eran intocables y que habían convertido este quehacer político como un patrimonio familiar donde se heredaba a los parientes más cercanos como lo que ocurre en el puerto de Veracruz que hasta la nuera puede ser la más alta funcionaria y que ahora la proyectan bajo una intensa campaña mediática para que sea la candidata a la gubernatura del estado veracruzano.

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