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Es, quizá, uno de los actores políticos de Morena con el mejor "pulso" de la política estatal. Navegó por aguas turbulentas y, no sin complicaciones, alcanzó los objetivos que se había impuesto. Es importante escucharlo cuando habla de un tema tan sensible. *** El senador electo Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) no puede seguir operando con lentitud, opacidad y con los mecanismos que han sido criticados. Aclaró, sin embargo, que para mejorar la procuración de justicia en Veracruz, no basta con cambiar a la encargada, sino que se requiere de una reforma profunda a la Fiscalía General, así como se pretende con el Poder Judicial. *** En opinión de Manuel Huerta, fue "lamentable" la declaración del diputado local de su partido, Sergio Lenin Guzmán, en el sentido de que la fiscal debe ser ratificada por la siguiente gobernadora. *** Dijo que debe haber respeto por los órganos autónomos y por la división de poderes, así como con las responsabilidades de cada uno, y es precisamente la razón por la cual se está buscando sacar adelante la reforma al Poder Judicial. *** Sin embargo, pintó su raya: no está a favor de que Verónica Hernández continúe al frente de la Fiscalía por nueve años. Reiteró que debe hacerse una reforma más profunda a la procuración de justicia en Veracruz. *** Pero fue más allá: también debe haber una reforma en materia de seguridad pública, que no sólo implique cambiarle el nombre a la dependencia, pues dijo que hay temas tan simples como el hecho de que los policías anden cubiertos del rostro y los ciudadanos, no sepan ni quién los cuida. *** Los mensajes le han llegado a la titular de la Fiscalía por las más diversas vías. Si no entiende, es que no quiere ver la realidad.
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En el dossier elaborado para la gobernadora electa Rocío Nahle, respecto a los temas más sensibles que deben ser atendidos en el sector educativo, hay un rubro especial: los acosadores sexuales.
El documento advierte que "hay maestras y padres de familia quejándose casos de acoso y hostigamiento sexual, lo que representa un potencial conflicto social".
Una vez más (como en el caso del negocio de las cafeterías y tiendas escolares) se señala a la Subsecretaría de Educación Básica, que encabeza Maritza Ramírez Aguilar, como la instancia que "encubre los casos de acoso".
Y para ser más claros, en el documento dan tan solo un ejemplo del nivel de impunidad y abuso al que se ha llegado: "En la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria 41, ubicada en Ixhuatlán de Madero, el Director, Moisés Quiróz
Pérez, acosó y hostigó a siete maestras. Fue denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se presentaron videos, audios y fotos sobre su comportamiento".
En el desarrollo del tema, se explica que este fenómeno (el acoso sexual en los planteles educativos) fue señalado en varias ocasiones y existen casos más graves donde involucran a niños.
"Parece que existe una consigna de ocultar dichos casos en esta administración. Hay denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la Contraloría General. Cada año en el Congreso del Estado, los diputados de oposición señalan casos de acoso sexual y no pasa nada. Es un potencial conflicto social en varias partes del estado", se advierte.
En las sugerencias para atacar este problema, se sugiere solicitar una lista de los casos de acoso sexual y el estatus de cada uno de ellos. Plantean también solicitar una lista de casos en los que haya niños involucrados y el estatus de cada caso.
Se debe recabar la resolución del órgano interno de control para cada caso y conocer las medidas adoptadas por parte de la Oficialía Mayor para corregir este asunto. "Solicitar un mapa de denuncias de acoso sexual".
En abril del 2020, el entonces secretario de Educación, Zenyazen Escobar emitió un pronunciamiento para decretar "Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y al Acoso Sexual en el Sector educativo"
Tres años después, en marzo del 2023, el propio Zenyazen Escobar admitía que 58 profesores "reincidentes" (esto es, que fueron señalados en más de una ocasión) habían sido cesados por "presuntos casos de connotación sexual", de los cuales cinco fueron procesados penalmente.
El tema está ya en el escritorio de Rocío Nahle y aquellos que tengan responsabilidad, no sólo por el acoso mismo, sino por el encubrimiento o la omisión en acciones para prevenir este problema, pagarán las consecuencias en la próxima administración.
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En este espacio se ha señalado con toda puntualidad cuando se ha utilizado al aparato de justicia del Estado para acosar a los enemigos políticos. No somos jueces y, por lo tanto, no podemos condenar y exonerar a los perseguidos, pero sí demandamos de las autoridades el estricto apego a las leyes y respeto irrestricto a las garantías individuales. *** Esta semana se conoció que fue girada una nueva orden de aprehensión en contra del diputado local electo Fernando Yunes Márquez, a quien ahora se le acusa de un presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública de 2021, en su último año como alcalde de Veracruz. *** Fernando Yunes deberá responder a la carpeta de investigación FGE/FIM/F4/036/2024 por una denuncia que presentó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). *** El exalcalde de Veracruz es investigado por las observaciones FM-193/2021/014 DAÑ y FM-193/2021/016 DAÑ de la Cuenta Pública 2021 por un presunto daño patrimonial de 92 millones 997 mil 869 pesos. Inicialmente, el alcalde fue observado por un presunto daño patrimonial de 117 millones 507 mil 43 pesos, de los cuales su administración comprobó 24 millones 509 mil 173 pesos. *** El órgano fiscalizador explicó que los recursos se destinaron a Estevia, presunta empresa fantasma, para el pago de nómina a más de tres mil empleados del ayuntamiento de Veracruz. *** Así como calificamos de absurdas las anteriores denuncias penales en su contra, en el caso de esta, presentada por el órgano fiscalizador, lo que corresponde es que el alcalde y los que fueron sus colaboradores expliquen cómo se aplicó ese recurso. *** Lo que es derecho, no es chipotudo.
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