Nota al margen

El argumento que se tejió entre el 2015 y el 2016 para que los ayuntamientos de Veracruz y de Medellín cedieran el manejo del agua a una empresa privada, fue el supuesto quebrando financiero en el extinto Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS), paramunicipal que por más de 30 años prestó el servicio en la zona conurbada.

El primer paso que dio el alcalde morenista Marcos Isleño, con la desincorporación del Grupo MAS hace una semana, obliga justamente a recordar el motivo principal por el que se defendió el ingreso de la empresa privada en este tema.

Por lo mismo, el segundo paso debe de ser firme en lo financiero, pero dejando de lado la fórmula de la privatización que, comprobado está, no funcionó.

El edil parece que sabe el compromiso que debe asumir y es, probablemente, el motivo por el que había retrasado su salida de la sociedad que tenía con el ayuntamiento de Veracruz y ProVeracruz SAPI de CV.

No le quedó de otra cuando llegó la presión del presidente Andrés Manuel López Obrador desde la conferencia mañanera del 24 de julio, quien a pregunta expresa de la corresponsal del periódico IMAGEN DE VERACRUZ le entró al tema.

Se sumó el reclamo que tenía encima de los empleados del extinto SAS Metropolitano, con dos meses de plantón frente al palacio municipal.

De entrada, el alcalde adelantaba al momento que anunció la desincorporación del ayuntamiento del Grupo MAS, que la renta que se cobra a esta empresa por el manejo del agua procedente del río Jamapa en el municipio de Medellín, tendría que subir a 1.5 millones de pesos, de esta manera se garantizaba que los usuarios no resentirían algún aumento en los cobros y, por el contrario, estos deberían bajar este mismo año.

Pero si bien ese dinero sería oxígeno para asumir la operación, lo cierto es que con el estado en el que se encuentra la infraestructura hidráulica no será suficiente para garantizar un correcto servicio a los usuarios, eso si no existe ninguna resistencia del Grupo MAS para cubrir dicho pago.

Lo cierto es que en adelante tiene dos opciones, la primera es la creación de una empresa paramunicipal que sería denominada Comisión Municipal del Agua, la cual financiaría la cobertura del servicio con el manejo del cobro a los ciudadanos de Medellín.

La segunda alternativa es solicitar a la Comisión del Agua de Estado de Veracruz (CAEV) que asuma el compromiso. La ventaja en esta última decisión sería que el organismo del Estado cuenta con la experiencia para hacerlo, la desventaja, los problemas que arrastra en otros municipios.

En cualquiera de los dos casos, la decisión deberá pasar por la autorización del Congreso del Estado, en donde Marcos Isleño cuenta con aliados y adversarios de su propio partido político.

En tanto no se resuelva el futuro financiero del manejo del agua la moneda está en el aire y la desincorporación del ayuntamiento del Grupo MAS es una victoria a medias que no se puede terminar de celebrar por parte de los usuarios.

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