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El presidente Andrés Manuel López Obrador lo repitió en más de una ocasión y así lo demostró con sus adversarios políticos: "La venganza no es mi fuerte, no es mi estilo".
En sus cinco años y medio de gobierno, fue mesurado al abordar las acusaciones que hicieron militantes de Morena en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Sí acusó al gobierno del panista de haber sido corrupto, pero cuando se le preguntaba por las investigaciones de la carpeta azul, le dejaba el tema a la Fiscalía General de la República, como un acto de respeto a la institución que imparte justicia y para no dar espacio a suponer que había algo personal.
Y eso que el exgobernador y su familia, usó en más de una ocasión adjetivos que sonaban hasta absurdos para referirse a él.
Probablemente, ese discurso del presidente López Obrador, fue lo que mantuvo quieto al gobierno de Cuitláhuac García de ejercer acción penal en contra del Clan Yunes, a pesar de que el mandatario estatal sí demostraba su encono a sus opositores panistas.
Pero lo había mantenido en calma hasta ahora, ya que en la recta final de su gestión, terminado el proceso electoral que ganó la ahora gobernadora electa Rocío Nahle García, se inició una persecución casi desesperada en contra de los hijos del exgobernador Yunes Linares, Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez.
Parece desesperada por una sencilla razón. Resulta que se iniciaron procesos penales en contra de los hermanos Yunes, por delitos que no son graves o que no encuadran precisamente en un comportamiento sistemático de corrupción, como se les ha acusado en el plano mediático.
A Miguel Ángel Yunes Márquez, por ejemplo, la justicia lo requirió para responder a los señalamientos por la falsificación de documentos; mientras que a Fernando Yunes por supuestamente obligar a personal del ayuntamiento -cuando fue alcalde de Veracruz- a acudir a eventos proselitistas en favor de su hermano, así como no oponerse a la construcción de la Torre Centro.
Los procesos que se iniciaron son apenas el pretexto para que ambos se declaren perseguidos políticos y por obvias razones son arropados por sus simpatizantes. No hay contundencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la aplicación de la justicia, para no dejar duda que ambos no merecen más el apoyo de los panistas.
También se puede decir que es desatinado de parte de ellos no atender los requerimientos del juez, pero visto desde otra óptica, la actuación tardía de la justicia veracruzana les dio tiempo para poner distancia suficiente para alcanzar a llegar a la toma de protesta como senador y como diputado local.
Mala jugada que puede terminar por hacer quedar mal al gobierno de Cuitláhuac, cuando exhibir al Clan Yunes pudo ser uno de los logros de su administración, como cuando los Yunes fueron los que exhibieron al gobierno de Javier Duarte.
X: @VictorToriz