NI CONTRALORÍA SE SALVA

Hace diez días, a propósito del caso de Araly Rodríguez Vez, una trabajadora de la Secretaría de Educación de Veracruz que ha recibido contratos por más de 100 millones de pesos como proveedora del gobierno estatal, advertíamos que a casi 21 meses de que concluya su administración, no se percibía que el gobernador Cuitláhuac García fuera a realizar ajustes en su gabinete ante los escándalos de corrupción que han venido aflorando desde finales del año pasado y los que seguramente la oposición buscará capitalizar políticamente en las elecciones locales y federales de 2024.

Y consignábamos que ante la guerra electoral que se aproxima, lo más prudente sería que el mandatario veracruzano se blindara, porque todo apunta que las baterías de sus adversarios se enfocarán principalmente en contra de la bandera de la honestidad que enarbola el presidente López Obrador.

Sin embargo, hasta ahora, García Jiménez es quien ha venido apechugando, cuando los obligados a dar la cara deberían ser los funcionarios responsables que firmaron y pagaron los contratos, pero sobre todo la Contraloría General del Estado (CGE) que, para colmo, ¡también ha sido señalada por presuntos actos de corrupción!

En diciembre pasado trascendió una denuncia de Ismael Díaz Guevara –un empleado asignado a la Unidad Administrativa de la CGE, que desde hace varios años percibe un raquítico sueldo mensual de 10 mil 774 pesos–, el cual puso al descubierto supuestos abusos desde la administración de Leslie Mónica Garibo Puga, la primera contralora recomendada por la poderosa secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien solamente duró en el cargo menos de diez meses.

A la protegida de Nahle le achacaron el encubrimiento de una presunta lista de personas con sueldos de entre 30 mil y 40 mil pesos mensuales, pero de los cuales –supuestamente– sólo recibían el 20 por ciento. Ante el escándalo, Garibo Puga renunció pero fue relevada por la directora general de Fiscalización Interna, Mercedes Santoyo Domínguez, ¡una ingeniera bioquímica administradora en proceso de alimentos!

El cambio, aparentemente, no erradicó las corruptelas. Y es que trascendió que una supuesta operadora de Santoyo, identificada como Margarita Orozco y conocida en las redes sociales como “Maggie” Orozco, sería quien se dedica a reclutar personas dispuestas a firmar por 30 mil y hasta 45 mil pesos a cambio de recibir el 10%, o menos, mensualmente.

En esta presunta trama de corrupción, se mencionan también los nombres de la Maestra en Auditoría, Emma Patricia García Rodríguez, a cargo del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud, y el del titular de la Unidad Administrativa de la propia CGE, Alfonso Sánchez García.

Entre los supuestos contratos difundidos en las redes sociales, figuraba el 5ME/CG/UA/DRH/093.1/2021, firmado supuestamente por Rafael Antonio Rodríguez Morales, como “Prestador de Servicios”.

El pago fue de 42 mil pesos y el contrato es del 07 de julio al 30 de agosto del 2021. Sin embargo, Rodríguez Morales no firmó al calce, sólo al final del contrato, aparentando cierta dificultad para hacerlo, presumiéndose que le habrían falsificado la firma ya que él radica en Estados Unidos.