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La empresa de consultoría Integralia, que encabeza el ex presidente del Instituto Nacional Electoral, Luis Carlos Ugalde, actualizó su reporte sobre violencia política en México.
Destaca: entre septiembre de 2023 y el primer día de marzo del presente año, seis meses, se reportaron 182 casos de violencia política, asociados a 238 víctimas. Es decir, cada día de ese semestre se registró 1.3 víctimas.
Uno de cada tres ataques fueron dirigidos contra funcionarios o ex funcionarios; en tanto que 27 por ciento fue contra actores políticos; y 18.5, contra aspirantes a cargos públicos.
Indica el estudio de Integralia que las entidades con más víctimas de la violencia política son Guerrero, Michoacán y Chiapas.
Un dato revelador: en el proceso electoral concurrente 2017-2018 se registraron 389 víctimas de violencia política; en 2020-2021 fueron 299; y en lo que va de las actuales elecciones suman 399 casos, con 300 incidentes registrados.
Todo indica que las elecciones 2023-2024 serán las de mayor violencia política en la historia contemporánea de México. Ni siquiera ha terminado el proceso y ya rompió todas marcas.
Del total de casos, 55.9 por ciento corresponden a amenazas contra actores políticos: y 18.1 por ciento, a homicidios.
La fuente establece que 24 candidatos han sido victimados durante el presente proceso electoral en todo el país; en esa lista destacan Michoacán, Morelos, Jalisco, Chiapas y Ciudad de México.
Veracruz reportó un caso, el del aspirante morenista Manuel Hernández Hernández, aunque hay tres reportes de agresiones contra políticos; aun así, la entidad se ubica debajo de la media nacional, de 7.8.
La actualización de la información de Integralia indica que 44 aspirantes a cargos de elección popular han sido agredidos en este proceso; uno cada 4 días en promedio. Morena es el partido más afectado, pues concentra el 31.8 por ciento de los ataques
El tema de la violencia contra políticos en el actual proceso electoral va de la mano con el de los riesgos identificados en el contexto nacional; la misma agencia de consultoría dio a conocer de forma reciente que "el asedio del presidente López Obrador contra los árbitros electorales, el hecho de que el crimen organizado aprovecha las elecciones para ampliar sus redes de impunidad, el clima de polarización política, la coincidencia de elecciones en México y Estados Unidos, y las acciones que López Obrador emprenderá para consolidar su proyecto político y asegurar su legado hacen de 2024 un año de riesgo político alto".
Indica Integralia que es alto el riesgo de que grupos criminales aprovechen "la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales: a corto plazo, esto aumenta la violencia política; a mediano plazo, fortalece su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos".
En el caso de Veracruz, para la jornada electoral faltan más de 7 semanas; como en todo el país, el riesgo de violencia está presente; la entidad, además de la gubernatura, renovará el Senado, 19 curules de la Cámara Baja, y 50 diputaciones –30 por mayoría relativa y 20 por representación proporcional– al Congreso local.