Pelearse con la auditora general del Orfis, Delia González Cobos, no es nada recomendable ya que ella posee las auditorías donde existen de manera contable sobre los desvíos realizados por las autoridades estatales y los anteriores presidentes municipales, además se le podría ocurrir investigar a los diputados locales que rechazaron la cuenta pública del año pasado, donde no existe ninguna coincidencia con el tren de vida que llevan y las propiedades y autos que poseen con el salario que perciben.
Lo grave de los servidores públicos es que se les olvida que lo más difícil de ocultar en esta vida son sus amores y el dinero.
A la auditora González Cobos se le dificulta trabajar con tanto recomendado del secretario de Gobierno Eric Cisneros y altos funcionarios de la secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.
La responsable del Orfis podría contar, si lo solicita, con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación cuyo director, David Colmenares Páramo, quien es columnista distinguido de este medio impreso.
La dependencia federal no acepta la menor simulación de un equivocado manejo de recursos públicos que tenga el aroma de la corrupción.
Aún cuentan con tres meses los funcionarios denunciados para solventar sus observaciones, que finalmente su única salida es el retorno de lo que se llevaron.
El PRI quiere seguir el ejemplo que les puso un expriista y ahora miembro distinguido del PAN, Miguel Yunes Linares, quienes creen que los puestos de gobernador o de alcaldes se pueden heredar a miembros de la familia por considerarlos como un patrimonio.
Con esa misma idea participaron en la pasarela política del partido tricolor los aspirantes a la presidencia de México en su calidad de hijo del que fuera presidente Miguel de la Madrid y la sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Enrique de la Madrid y Claudia Ruiz Massieu posiblemente estiman que se trata de una monarquía y tienen derecho a ostentar el máximo cargo político del país. Por más promoción que se realice sobre el resurgimiento del PRI.
El votante mexicano no perdona y sin hacer alianza se trata de un partido que se encuentra hace dos años en terapia intensiva y para los conocedores de la clase política aseguran que el tricolor está desahuciado.
La renuncia presentada por el secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, va a convertirse en un dolor de cabeza y hasta insomnio para los inquilinos del palacio de Gobierno.
No tomaron en cuenta con esta inesperada salida de las relaciones familiares de este funcionario y el conocimiento que posee sobre una buena parte de las actividades ilegales y de corrupción que él tiene registradas, una información muy codiciada tanto por los crecientes opositores y los nuevos grupos de Morena que no están de acuerdo con el actuar de la administración estatal.
El funcionario posee la licenciatura en Derecho y al parecer una maestría y se desconoce si alcanzó el doctorado, por sus grados académicos sobresalía sobre el resto de los miembros del gabinete estatal donde la mayoría posee estudios elementales que no están relacionados con los encargos que desempeñan y ese desconocimiento es la causa de la mediocridad existente en su desempeño. Gutiérrez Maldonado deja un hueco muy difícil de llenar.
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