Amparos, fiscales y jueces a modo en caso Yunes

Con el beneficio de amparo que otorgó el 18 de julio la jueza federal del Noveno distrito en materia de Amparo, Jovita Vargas Alarcón, abrieron la posibilidad de que el acusado, el panista, excandidato a la gubernatura y exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, pueda poner tierra de por medio.

Primero, como se ha dicho en este espacio, pasaron tres años sin que se retomara la carpeta de investigación donde se le acusa por los delitos de falsificación de documentos bajo el número 151/2021. Se emitieron dos citatorios que el imputado ignoró, y ni el juez ni la fiscalía procedieron a insistir y omitieron darle continuidad al proceso.

Fue hasta junio del 2024 cuando, de nueva cuenta, el juez Óscar Luis Lozada Hernández envió al menos tres citatorios más, sin emitir la orden de aprehensión y permitir la huida del susodicho al extranjero, bajo el argumento de ir a una revisión médica a Miami.

Una vez realizada la tan pospuesta audiencia que por esa razón se debió hacer vía remota, a través de Internet, el juez Lozada, lejos de declarar la audiencia como inconclusa y mantenerla pendiente, la cerró dictando la orden de aprehensión contra Yunes Márquez.

La pifia de acuerdo a algunos conocedores de leyes, se debió a que el juez debió mantener sin efecto la audiencia de donde se ausentó el acusado por “situación de salud” o como pendiente para que de esa manera no se cerrara ese proceso y el acusado no tuviera oportunidad de conseguir el amparo como lo hizo finalmente, obteniendo “un triunfo dentro de la derrota”.

De tal forma que si al procesado se le hubiera vinculado y hubiera sido capturado entonces estaría cumpliendo el efecto de Ley que le impide, por esa razón, como procesado, la toma de protesta en el Senado, para el que fue electo como primera minoría.

A esto se le agrega que una vez que la jueza Jovita Vargas ha concedido el amparo, la faculta también para estudiar a fondo el origen del mismo, y en ese proceso, tiene la potestad para dictaminar la culpabilidad o en su caso exonerar al hijo mayor del exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.

Coincidentemente columnistas y artículos de periodistas dan cuenta del nivel de Vargas Alarcón, quien ha concedido amparos a personajes, capos del crimen organizado en México y otras personalidades de renombre en problemas con la justicia.

En abril, por ejemplo, otorgó una suspensión de plano a Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo” -hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Asimismo, por ejemplo, entre los casos más sonados están también el de Sofía Soraya Von Roehrich (hermana del exdelegado en Benito Juárez implicado en el “Cártel Inmobiliario”), Héctor Luis Palma Salazar (exintegrante del Cártel de Guadalajara y fundador del Cártel de Sinaloa junto con “El Chapo” Guzmán), a quienes ha concedido el beneficio de la Ley, lo que ha sido duramente criticado, incluso por el Presidente López Obrador en las mañaneras.

El trabajo de omisión y negligencia de los fiscales que llevaron el caso, donde denuncia principalmente, entre otros, la regidora, Virginia Roldán, por los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal está a la vista. Y la lentitud del o los jueces que tenían a su cargo dichos expedientes también los deja bajo sospecha.

Por ello, es que alguien o algunos deben ser indagados, quienes no hicieron su trabajo, por omisión o complicidad, y ahora las condiciones del proceso se complican para una adecuada impartición de justicia en este asunto.