El daño patrimonial en SESVER

El caso de los miles de medicamentos en bodegas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado está lejos de terminar.

El asunto se complicó luego de que el ORFIS revelara un faltante de mil 481 millones de pesos en medicamentos que simplemente no aparecen; están en los inventarios, pero no en los almacenes.

Recordemos que el Instituto Nacional para el Bienestar (INSABI), informó en mayo pasado que los almacenes centrales de la Secretaría de Salud de Veracruz se encontraban rebasados en su capacidad y tenían gran volumen de medicamentos oncológicos y de alto costo.

La dependencia federal dio a conocer a través de su página de internet que miles de medicamentos estaban a punto de caducar en Veracruz; y que en el almacén Central de abasto de Xalapa se encontraron 884 mil 822 piezas de medicamentos con caducidad menor a nueve meses.

La sub directora de Planeación de Suministro de Medicamentos y Material de Curación del INSABI, Sandra Paola Arellano Cruz apuntó: “se hizo un rastreo de claves de medicamentos oncológicos, especialmente de etopósido y cisplatino, de las cuales no hay coincidencia en el inventario electrónico con las piezas en físico”.

Se trató de un caso que reveló negligencia, desidia e incapacidad en dicha dependencia estatal. El asunto habría provocado la abrupta salida de Roberto Ramos Alor del gabinete de Cuitláhuac García.

El pasado 23 de mayo, un día después de que el INSABI ventilara el problema, los integrantes del Observatorio Cívico Social protestaron frente a Palacio de Gobierno por el tema de los medicamentos que la Secretaría de Salud tenía en almacenes, sin canalizar a los hospitales públicos de la entidad, ni a los pacientes con cáncer.

Fueron tres bombas que golpearon la línea de flotación de la secretaría encabezada por Ramos Alor: primero, el hecho de que habiendo medicamentos oncológicos, éstos no se distribuían a hospitales y, por tanto, no llegaban a los pacientes por cáncer; segundo, el hallazgo de miles de piezas que estaban a punto de caducar; y tercero, el hecho de que los inventarios no concordaban con las existencias en almacenes.

Los activistas señalaron en la manifestación del 23 de mayo que los pacientes sufrían claras violaciones a sus derechos humanos y compararon esta situación con la registrada durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, el caso de la presunta administración de agua, en vez de quimioterapias, a los enfermos de cáncer.

Al parecer, el tema fue investigado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, que realizó una auditoría a los inventarios en la revisión a la cuenta pública de 2021. De dicho trabajo resulta una observación derivada de la revisión a los almacenes: “se detectó una diferencia por un importe de $1,481,435,649.04 entre el saldo presentado en la información financiera y el inventario físico de existencias de almacén…”

En uno de sus tres almacenes, el “A”, la dependencia ni siquiera proporcionó a los auditores el acta circunstanciada de inventario físico de existencias.

En términos generales, Ramos Alor deberá responder por 9 observaciones, tres de carácter financiero presupuestal y seis más a la obra pública. El monto total del presunto daño patrimonial en dicha área del gobierno estatal casi llega a 16 millones de pesos. @luisromero85