Violencia institucional, violencia silenciosa

Ahora que los tiempos electorales se acercan, seria oportuno que quienes aspiran tengan presente la importancia de contar con un enfoque de genero que les permita no solo un discurso inclusivo, sino impulsar acciones que erradiquen la violencia hacia las mujeres. Uno de los grandes temas que mucho atañe a quienes están en el poder es el de la violencia institucional, que pareciera ser un concepto aún poco entendible pero que causa daños terribles.

El artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, refiere que  la violencia institucional “son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.

Es así, que la violencia institucional -como lo pueden observar- es ejercida por agentes del Estado y puede realizarse a través de normas, prácticas institucionales, omisiones y privaciones en detrimento de una persona o grupos de personas. A diferencia del resto de las violencias que se ejercen en contra de mujeres, ésta, se caracteriza por el uso del poder del Estado para causar daño y reforzar los mecanismos establecidos de dominación, por eso es una de las mas peligrosas, silenciosas y graves.

Las y los servidores públicos ejercen violencia institucional e impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos, entre otras causas cuando: obstaculizan el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva; contravienen la debida diligencia; no asumen la responsabilidad del servicio que tienen encomendado; incumplen el principio de igualdad ante la ley; no proporcionan un trato digno a las personas, y omiten brindar protección a la integridad física, psíquica y social de las mujeres.

Cometen violencia institucional también cuando omiten implementar políticas publicas que resuelvan los problemas y violencias que aquejan a las mujeres. Esta violencia es tan grave, que atenta contra otras, pues al no existir políticas públicas de atención, el problema se agrava aún más, sin la posibilidad de avances y combate a violencias tan graves como los feminicidios. Detrás de quitar la vida a una mujer, existen victimas indirectas y potenciales que suelen ser familiares e hijos o hijas.

Sin lugar a duda es un tema que debe ocupar a quienes aspiran a ocupar cargos públicos y más allá de estar identificado, es urgente tipificarlo, pues mientras no exista una sanción como tal en la norma penal, será una constante. Como lo hemos observado, la violencia institucional, es una de las más complicadas de definir y también de identificar, porque se trata de una manera más indirecta de ejercer la violencia machista, menos visible que otros tipos de violencia.

Uno de los muchos ejemplos de violencia institucional, se presenta es cuando el Estado o gobierno, recorta presupuesto o cancela los programas de ayuda a mujeres o bien cuando las autoridades, ya sea la policía, el juez o los agentes sociales, desestiman a las víctimas de violencia y por supuesto falta de protección para las mujeres denunciantes también es una forma de restarles crédito y dar poder a sus agresores.

La violencia institucional es un tema, que debe ocupar a cualquier ciudadano que aspire a un cargo gubernamental o de representación popular, pues la omisión de políticas públicas, programas y presupuestos con enfoque de género, constituye una de las formas de violencia más grave y silenciosa, que es la violencia institucional.