El caso del alcalde electo de Lerdo de Tejada, Fabián “N”, detenido la semana anterior por presunto secuestro agravado, era una bomba de tiempo que el gobernador Cuitláhuac García logró desactivar a tiempo, con un costo político menor al que le hubiera representado en la sucesión estatal y presidencial que arrancará legalmente a finales de 2023 pero que ya se adelantó.
Se trata del segundo funcionario electo de Morena que es detenido, pues el 12 de noviembre pasado fue capturado el regidor electo de Ixtaczoquitlán, Roberto Trinidad de la Cruz, implicado presuntamente en el asesinato del periodista Jacinto Romero Flores, acribillado el 19 de agosto en la comunidad de Potrerillo. Pero el mandatario dijo que también investigan a la alcaldesa electa de Alvarado, Lizzete Álvarez Vera.
García Jiménez parece haber reaccionado a la información que personas vinculadas con algunas víctimas de secuestro han hecho llegar muy discrecionalmente al entorno del presidente López Obrador.
El jueves 18 de noviembre, por ejemplo, el columnista Julio Hernández, del diario La Jornada, publicó que “en Veracruz se han multiplicado los delitos cometidos por fuerzas policiacas, sobre todo los secuestros exprés”, atribuidos a miembros de los cárteles que se asentaron en la entidad durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, y que fueron incorporados con uniforme a la llamada Fuerza Civil.
“Con el morenista Cuitláhuac García (…) se mantuvo esa dualidad policiaca y delictiva y, en semanas recientes, hay una acometida para detener a quien pueden, argumentando cualquier falta o presunto delito, mediante evidencias sembradas, para llevar al supuesto infractor a lugares clandestinos desde donde se llama a familiares para pedir rescate por miles de pesos. Los casos no son reportados a las autoridades porque los secuestrados asumen que les iría peor…”, escribió Hernández.
Tres días después, Lourdes López, corresponsal del diario Excélsior, reveló que “una fuente consultada, refirió que en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) hay infiltrados que pertenecen a bandas de secuestradores en Xalapa”.
A la reportera le revelaron que “son, al menos, cuatro bandas las que están actuando en esta región”. Y que “hay policías y expolicías, lo mismo de la UECS que de Seguridad Pública”.
Las denuncias surgieron tras el secuestro y crimen de Juan Carlos Montano Guzmán, hermano del exsecretario de Seguridad Pública del estado, Alejandro Montano, cuyo cadáver fue hallado el viernes 12 de noviembre en una barranca de Palmarejo, municipio de Emiliano Zapata. Dos días después, el domingo 14, en un retén civil, a la altura del rastro municipal de Lerdo de Tejada, elementos de la SSP detuvieron a José Antonio “N” y Javier Gamaliel “N”, quienes se identificaron como supuestos elementos de la Policía Ministerial.
A Fabián “N” lo relacionan con un secuestro ocurrido en octubre pasado en Lerdo de Tejada, luego de que el 19 de noviembre pasado fueron detenidos dos sujetos que también se hacían pasar como agentes de la Policía Ministerial, uno de ellos identificado como Rubén “N”, quien dijo ser chofer del alcalde electo de Morena.