Veracruz se ha convertido en el estado más letal para el ejercicio del periodismo en México, con 31 homicidios de periodistas registrados desde el año 2000 hasta la fecha.
Esta alarmante cifra fue denunciada el fin de semana pasado por Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19 México, quien destacó la peligrosidad de ejercer el periodismo en esta entidad no sólo por los asesinatos, sino también por la constante agresión que sufren los profesionales de la comunicación.
Durante la conmemoración de los 9 años del homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, realizada en la Plaza Lerdo, Cárdenas subrayó la falta de acción por parte de las autoridades de procuración de justicia.
Criticó especialmente la negativa de abrir una línea de investigación relacionada con la labor reporteril de Espinosa en Veracruz, lo cual refleja una preocupante tendencia de impunidad y desinterés en proteger a los periodistas.
El Informe Sexenal de Artículo 19 revela que Veracruz ocupa el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a agresiones contra periodistas, con 199 casos registrados del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2024.
Esta estadística no sólo subraya la gravedad de la situación, sino que también plantea una urgente necesidad de acciones concretas para proteger a los periodistas y garantizar la libertad de prensa.
"¿Cuántos casos más van a permitir las autoridades?", cuestionó Cárdenas. La falta de investigación de amenazas, intimidaciones y actos de hostigamiento contra periodistas crea un ambiente de permisibilidad que fomenta aún más agresiones.
Ya sea el Estado, particulares o la delincuencia organizada, las autoridades tienen la obligación de investigar no sólo a los autores materiales, sino también a los intelectuales detrás de estos actos de violencia.
La situación en Veracruz es un reflejo de un problema más amplio en México, donde la libertad de prensa se ve constantemente amenazada por la violencia y la impunidad.
Es imperativo que las autoridades implementen medidas efectivas para proteger a los periodistas y asegurar que los crímenes contra ellos no queden impunes.
A la comunidad periodística se suman otros sectores productivos del Estado que viven en constante asedio por parte del hampa.
El comercio en varias modalidades ha denunciado que es víctima de la extorsión sin que exista hasta el momento una estrategia para acabar con el delito.
El ejercicio del periodismo en Veracruz y en México en general requiere de una protección robusta y un compromiso real por parte del Estado para garantizar que los periodistas puedan realizar su labor sin temor a represalias.
La defensa de la libertad de prensa es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática y justa.
En materia de seguridad, como ocurrió en gobiernos anteriores, el de Cuitláhuac García Jiménez es un sexenio perdido.
La reciente declaración de Rocío Nahle, asegurando que su gabinete será plural, incluyente, capaz y responsable, marca un compromiso significativo en la política veracruzana.
Se destaca una estrategia de "más territorio, menos escritorio".
Este enfoque promete una gestión más cercana a las necesidades reales de la población, rompiendo con la tradición de gobernar desde la distancia y mostrando un compromiso tangible con la participación ciudadana.
La inclusión de diversas voces y perspectivas en su equipo podría ser el impulso necesario para abordar de manera efectiva los retos que enfrenta Veracruz.
Ayer en un acto simbólico en las Altas Montañas, Nahle anunció que invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a despedirse de los veracruzanos.
La promesa de un gabinete responsable y la apertura al diálogo directo con la ciudadanía son señales alentadoras de un gobierno que aspira a ser verdaderamente representativo y efectivo, sin olvidar que la capacidad será el primer rubro a evaluar.
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