Veracruz: La herida abierta de las desapariciones

En México, la desaparición de personas no es un fenómeno nuevo, pero su persistencia y escalada en estados como Veracruz han convertido esta tragedia en un símbolo de la impunidad y la complicidad estatal que corroen las instituciones.

El exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, al igual que los de sus antecesores, ha sido señalado por organismos nacionales e internacionales como un periodo oscuro en materia de derechos humanos, particularmente por el alarmante registro de fosas clandestinas y desapariciones forzadas.

Los datos oficiales no dejan lugar a dudas: Veracruz es la entidad federativa con el mayor número de fosas clandestinas en el país, un indicador escalofriante de la violencia y la descomposición social que imperan en la región.

Las declaraciones recientes de Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, no solo confirman esta realidad, sino que la contextualizan en un marco de complicidad y protección hacia los grupos criminales responsables de esta crisis.

García Campos no solo habla de cifras, sino de un entramado de corrupción que ha permitido que la criminalidad penetre las estructuras gubernamentales, generando un ambiente de impunidad que perpetúa el ciclo de violencia.

Este no es un problema aislado; es el resultado de décadas de negligencia, omisión y, en muchos casos, participación activa de autoridades en crímenes atroces.

UN ESTADO FALLIDO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Veracruz no siempre fue sinónimo de fosas clandestinas y desapariciones. Durante décadas, este estado fue reconocido por su riqueza cultural, su diversidad natural y su importancia estratégica en el comercio y la industria nacional.

Sin embargo, a partir de la década de 2000, la entidad comenzó a experimentar un deterioro acelerado en materia de seguridad pública.

La llegada de los cárteles de la droga, la infiltración del crimen organizado en las instituciones y la falta de una estrategia efectiva por parte de los gobiernos estatales y federales convirtieron a Veracruz en un campo de batalla.

CUITLÁHUAC ESPERANZA FALLIDA

Cuando Cuitláhuac García Jiménez llegó al poder, muchos veracruzanos albergaron la esperanza de que su gobierno marcaría un punto de inflexión en la lucha contra la violencia y la impunidad. Sin embargo, seis años después, esas esperanzas se desvanecieron.

A pesar de los esfuerzos por proyectar una imagen de transparencia y compromiso con los derechos humanos, los datos oficiales y los informes de organizaciones internacionales pintan un panorama desolador.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Veracruz sigue siendo uno de los estados con mayor número de desapariciones en el país.

Además, la entidad lidera el ranking nacional en fosas clandestinas, con más de 500 sitios descubiertos en los últimos años.

Estas cifras no solo reflejan la magnitud de la crisis, sino también la incapacidad del gobierno estatal para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y para investigar y sancionar a los responsables.

Lo más preocupante es la persistente denuncia de complicidad y protección hacia los grupos criminales por parte de autoridades locales.

Como señaló García Campos, "ha habido un involucramiento de algunas esferas en los distintos niveles". Esta afirmación no es una acusación ligera; es un recordatorio de que el Estado no solo ha fallado en proteger a sus ciudadanos, sino que, en muchos casos, ha sido cómplice de los crímenes que se cometen en su territorio.

IMPACTO SOCIAL Y HUMANITARIO: UNA HERIDA QUE NO CIERRA

El impacto de las desapariciones y las fosas clandestinas en Veracruz va más allá de las cifras.

Cada caso representa una familia destrozada, una comunidad traumatizada y una sociedad que ha perdido la confianza en sus instituciones.

Las víctimas de desaparición forzada no son solo números en un informe; son padres, madres, hijos e hijas cuyas vidas han sido arrancadas de manera violenta e injusta.

Ante este panorama, es legítimo preguntarse si hay salida a la crisis que enfrenta Veracruz.

La respuesta no es sencilla, pero es evidente que cualquier solución requiere un cambio profundo en la forma en que el Estado aborda el problema de las desapariciones y la violencia.

En primer lugar, es fundamental que se investiguen y sancionen a los responsables, incluyendo a aquellos que, desde las estructuras gubernamentales, han permitido o facilitado estos crímenes. La impunidad no puede seguir siendo la norma.

En segundo lugar, es necesario fortalecer las instituciones y garantizar que cuenten con los recursos y la autonomía necesarios para cumplir con su mandato. Esto incluye no solo a las fuerzas de seguridad, sino también al sistema de justicia, que ha demostrado ser ineficaz e insensible ante el dolor de las víctimas.

Veracruz no puede seguir siendo un símbolo de impunidad y descomposición. El Estado tiene una deuda infinita con las víctimas y sus familias, y es momento de que comience a saldarla. De lo contrario, la herida seguirá abierta, y el ciclo de violencia y corrupción continuará cobrando vidas y destruyendo comunidades.

AL OÍDO

La próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Veracruz es una señal de cercanía y compromiso con la entidad.

 El fin de semana realizará un recorrido por municipios estratégicos, como el puerto de Veracruz  y Tuxpan, refuerza el interés del gobierno federal en el desarrollo regional.

Más allá del simbolismo, esta gira puede traducirse en proyectos y apoyo directo para el estado.

En un contexto nacional complejo, el diálogo directo con los ciudadanos es un mensaje positivo: Veracruz sigue siendo una prioridad en la agenda presidencial.

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