Semanas atrás, el INEGI dio a conocer los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y advertía que en las ciudades de Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos se incrementó la percepción de inseguridad.
Las herramientas de la medición y lo que dijo la población encuestada confirman que es inminentemente necesario articular los termómetros de una seguridad pública más integral entre las autoridades, que de igual forma lleven a garantizar la gobernabilidad de las instituciones a través de sus áreas correspondientes y con ello, proveer a la población en su conjunto la estabilidad de paz, humana, social y material.
En recientes días se han dado hechos que han sido noticia en esas municipalidades —Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa— sin que sean las únicas regiones donde se han presentado incidencias por la inseguridad pública, desafortunadamente.
Incluso, se ha hablado de personas de nacionalidad extranjera desaparecidas, lo que ha llevado a los países ajenos a México a pronunciarse en torno a extremar cuidados o dejar de visitar nuestro país.
Lo cierto es que la medición del INEGI es una muestra realizada durante el primer semestre de 2024, o sea, hace escasas semanas, y la población ya dejaba en claro que siente una mayor inseguridad en sus domicilios, así como en el trabajo, la vía pública y hasta en sitios como las escuelas, lo cual es grave.
Me parece que las autoridades en materia de seguridad pública, procuración de justicia, administración de justicia —aún en medio de vaivenes de la reforma judicial— y otras arterias institucionales como el H. Congreso del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al menos, tendrían que buscar sentarse con el coordinador del INEGI en Veracruz, el Ing. Juan Manuel Yglesias López, en busca de sumar los mayores esfuerzos informativos que, desde la estadística probada y comprobada, lleven a tener mejores líneas de acción en busca de una actuación homogénea, efectiva y eficiente en favor de la población. Pero también pienso que esto debería ser tarea de convocatoria desde la Secretaría de Gobierno, pues ahí radica la tarea y también la responsabilidad para la gobernabilidad con gobernanza.
Ya en la época post-COVID, recordemos que entre la frontera del 2022 y 2023 “aumentó la percepción de la población en Veracruz que no sintió seguridad donde vive”. Y esto en tres ciudades: Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz Puerto, donde más de la mitad de la población se llegó a sentir insegura; en promedio, con una percepción del 56 % en ese periodo. Y esas tres municipalidades nos llevan a considerar 1 millón 100 mil habitantes, alrededor del 15 % del total de la población de 8.060 millones de habitantes en la entidad.
Esta información del INEGI debe contribuir como aportación para que las autoridades busquen mejorar los mecanismos y las estrategias que deben aplicar para combatir y abatir el nivel de inseguridad, salvo que tengan previstos otros métodos y formas para lograrlo en la administración que iniciará el primero de diciembre de este año.
Me parece que la gobernadora electa, Doña Rocío Nahle, estaría evaluando —como lo adelantó luego de reunirse con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Federal— la gran importancia de nombrar y conformar en la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz un equipo de lo más confiable y responsable, y a la altura de las necesidades y exigencias de la población, pero también de la mano de la gobernabilidad para un mejor desarrollo económico y social.
La seguridad pública es un tema de muy alto calibre y nivel para todo el desarrollo económico y político en Veracruz, y que se concatena con el mejoramiento de las vías de comunicación, así como con la inversión pública, pero también la privada, e incluso con mejoras en el empleo y el ingreso de toda la población.
Así que esa articulación en lo institucional —seguridad pública, infraestructura caminera, obras y servicios— (SSP y SIOP) me parece que irán de la mano desde la óptica de la gobernabilidad y el poder ejecutivo.
Nahle y todo su equipo habrán de evaluar las estrategias que han funcionado o las que no, y determinar su eficacia para considerar ajustes, cambios y mejoras que abatan y eviten la inseguridad, y en este sentido es una asignatura muy urgente.
“Existiendo seguridad pública se logra obtener la gobernabilidad necesaria para una mejor convivencia en la población”. Y no solo en Xalapa, Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz, sino en todo el estado, pues necesitamos que la percepción de seguridad sea real y para todos.
Los expertos en la materia —en el mundo, no solo en México— ya entre los retos actuales hablan de “la ciberseguridad”, pues han aparecido y potenciado delitos que utilizan las tecnologías más novedosas, y en ciudades medianas y grandes, como en las fronterizas, mucho más.
Todas nuestras autoridades son quienes pueden atajar y abatir la percepción de inseguridad en ciudades de Veracruz, para que deje de caminar y transitar por ciudades, carreteras, caminos, veredas y otras partes de la entidad.
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